La opaca transparencia de administraciones y partidos

Con la llegada del Partido Popular la situación se ha agravado. Desde el primer momento se quitó la careta de las promesas electorales para hacer todo lo contrario y con la única explicación de que no lo ha decidido ellos; el responsable, dicen, es Zapatero que dejó a España en ruinas. El ministro del Medio Ambiente dejo bien claro cuál es el auténtico programa ambiental del partido conservador: Reconoció que de medio ambiente sabía bien poco, pero si de como “revalorizar ” el patrimonio natural, de como convertir un bien social en mercancía, en objeto de compra venta para el beneficio de unos particulares. Sus colegas de gobierno colaboran con una nueva ley de transparencia más opaca, con el control de la información de los medios públicos, con proyectos de penalización de las protestas sociales y recortes en los derechos de los ciudadanos. El objetivo está claro: impedir el debate público de las medidas que afectan a nuestro patrimonio colectivo y al futuro de las nuevas generaciones.

La transparencia de las administraciones públicas no es otra cosa que una opaca cortina que trata ocultar decisiones de los gobernantes al escrutinio de los ciudadanos. No es una acusación sin fundamento, son numerosas las sentencias de los tribunales que así lo confirman. Y, a pesar de ello, nuestros gobernantes siguen ocultando la información y continúan sin contestar a los ciudadanos recurriendo al viejo recurso del silencio administrativo. Un caso paradigmático es todo lo relacionado con la construcción del puerto de Granadilla, constituye un fiel retrato del modo de actuare de los tres principales partidos canarios, de unos comportamientos incompatibles con con los usos y las normas propias de una sociedad democrática.

No aceptan el debate, la confrontación de argumentos y rechazaron la petición ciudadana de tratarlo en el parlamento canario. Tampoco les ha importado las masivas manifestaciones ciudadanas ni la evidencia de las disparatadas previsiones en la que basa el proyecto. Una de las más llamativas era la de obtener el material de relleno, y el árido para el hormigón, no de canteras que respondan al tipo y volumen que requiere este tipo de obras, sino que utilizarían el material sobrante en la construcción de una segunda pista para el aeropuerto del Sur. Como se dijo en su momento esta idea era imposible, y además inútil, porque evidentemente construir una pista para un aeropuerto no implica que simultáneamente se tenga una cantera acorde con la necesidades del proyectado puerto. Pero la demanda aérea estimada, como los hechos han demostrado, hacía absolutamente innecesaria la pista. Los estudios geotécnicos demuestran que, aunque se encontrara dinero para hacerla, ni el volumen obtenido ni la calidad del árido, servirían para cubrir las necesidades de la obra el puerto de Granadilla.

Descartada esta opción, lo esperable (en gestores que entiendan lo que es la democracia, la participación pública y el estado de derecho) es que hubieran buscado, para continuar en su inútil y costoso proyecto, las canteras adecuadas. Según nos informa la Consejería de Industria del Gobierno, en la provincia existen 38 explotaciones autorizadas: piconeras, de piedra ornamentales, de áridos para el hormigón y de grandes bloques destinados a las escolleras y obras portuarias. En Tenerife son 21 las empresas legales, pero ocho de ellas están paralizadas y otra, una piconera, aún no ha iniciado su actividad. De las restantes solo dos suministran basaltos aptos para las obras portuarias: la situada en Arafo en el Paraje de Las Varelas que por sus pequeñas dimensiones y situación no resulta apropiada y la otra, la única que cuenta con los debidos controles medioambientales, es la que se encuentra en Arico en la zona de Archipenque. Pero las administraciones optaron por otra solución, premiar a quienes eluden los controles legales de la administración comprando los áridos a empresas que no reúnen los requisitos legales para explotar canteras y por lo tanto no cuentan con la autorización que exige la administración. Esta situación que perjudica al interés general en primer lugar y, en segundo lugar, a los empresario que se empeñaron en superar los interminables trámites y gastos exigidos por las administraciones a las empresas que quieren invertir en la extracción de áridos.

¿Como es posible que estos hechos ocurran a la luz del día, sin que pase nada? Muy sencillo, ocultando la información. “Las transparencias” que tanto pregonan deben ser para otros asuntos. Atan ha denunciado estos hechos en la fiscalía y en los medios de comunicación con nulos resultados. Nadie en la administración, ni en los partidos con responsabilidades de gobierno, se ha molestado en explicar a los ciudadanos estos injustificables y visibles agujeros en el paisaje y en el estado de derecho.

*Eustaqui villalba es portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

Eustaquio Villalba*