Cuatro presidentes de Coalición Canaria + Casimiro

Que se refieran solo a territorios era más que previsible, aunque la soberanía popular, de matriz rousseauniana, sea patrimonio  de los ciudadanos, de  cada ciudadano.

Que presenten como “contrato entre todos” lo que fue una mera imposición de los clanes insulares  de UCD,  tan hegemónicos en la legislatura 1979-82 del Congreso de los Diputados en la que se elaboró y aprobó el Estatuto de Autonomía  (UCD 9, PSOE 3, UPC 1 escaños en representación de Canarias)  como desconfiados entre ellos.

Que pretendan dar por sentado  que cualquier  incremento de la representatividad poblacional del Parlamento  (el principio constitucional del voto igual tiende a que el voto de cada ciudadano tenga  el mismo valor en  la composición del Parlamento)  aumentando el peso de las islas más pobladas es intentar “silenciar al resto”.

Que se atrevan a sentar doctrina sobre que  el sistema de “representatividad territorial que actualmente existe”  (fruto al parecer, como los “pleitos entre las islas”,  de la fatalidad o de las leyes de la naturaleza)  es la única fórmula de equilibrar territorio y población,  o creando 2 Cámaras con capacidad legislativa; como si en casi todos los sistemas electorales no existieran  aceptables pluses de representación de los territorios menos poblados frente  al peso electoral de las grandes urbes metropolitanas.

Que pretendan otorgarle rango de pacto fundacional  a la triple paridad olvidando que, tanto en el Estatuto original de 1982 como en la reforma de 1996,  la distribución de diputados entre las Islas está regulada en una Disposición Transitoria. Y, además, modificable sin necesidad de reformar el Estatuto.

Que intenten escamotearnos con lenguaje grandilocuente que las barreras electorales actualmente existentes “desnaturalizan la propia circunscripción insular, que es la base del mismo sistema electoral”  (Exposición de Motivos de la Proposición de Ley para la democratización del sistema electoral al Parlamento de Canarias, que presenté en 2010 como portavoz del Grupo socialista canario), ya que han dejado  fuera del Parlamento a candidaturas que representaban a casi un tercio de esa “realidad de cada isla”  que invocan los presidentes de los cabildos.

Que oculten deliberadamente que las descabelladas y antidemocráticas barreras electorales  vigentes fueron fijadas en las Cortes Generales, sin que en el Parlamento canario  rechistara nadie. Y que están pensadas para obligar a las agrupaciones insulares a alistarse manu militari en la  una Coalición Canaria bajo la batuta de ATI, que es la les da el salvoconducto para entrar en el Parlamento por la gatera  con los votos de Tenerife (6% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma). No sea que les vaya a pasar lo que le pasó al PIL en 1999: que con el 28.2% de los votos de los conejeros no obtuvo  ni un solo escaño en representación de Lanzarote, una de esas realidades insulares   con las que los señores presidentes se llenan la boca.

Que ignoren a conciencia que es democráticamente   inaceptable que, por ejemplo, la Agrupación Gomera Independiente obtuviera en 1983 dos escaños con 3.294 votos (el 0.6% del total) o la Agrupación Socialista Gomera  en 2015 tres escaños con  5.094 votos (otra vez, el mismo 0.6%), mientras que Ciudadanos  (53.981 votos, el 6.0%) se quede sin representación parlamentaria en 2015, por nombrar un solo ejemplo.

Que cinco  señores presidentes de cabildos (todos de Coalición Canaria + Casimiro Curbelo) construyan y proclamen  un solemne Manifiesto en defensa del “equilibrio actual”   a base de falacias, ocultaciones, “tercias” verdades   --ni siquiera medias verdades--  solo  demuestra que Coalición Canaria se ha echado al monte para impedir a toda costa, incluso a costa de incendiar a la opinión pública de las Islas, que se les puedan venir abajo los palos del sombrajo de su Régimen. Es decir,  el sistema electoral que fue diseñado desde la desconfianza entre las Islas, desde el descreimiento de las élites tradicionales   en el objetivo de consolidar a  Canarias como comunidad política y a  los canarios y canarias como  un solo pueblo.

Por eso les pregunto  --no hace falta que me contesten desde la Casa Borges Estévanez, en cuyos techos venerables han tratado de guarecer  su demagogia--   desde La Laguna:

¿Por  qué han de someterse los votos de los canarios de cada una de las Islas tan dignamente representadas por Vuestras Excelencias a la guillotina del 30%,  para poder ser tomados en cuenta en el reparto de escaños   que representarán “la realidad de cada Isla” en el Parlamento, si en las elecciones a los cabildos insulares   --órgano genuino de representación y gobierno de la isla--   las barreras electorales son meramente del 5%?

Con el Estatuto en la mano, el reconocimiento de la circunscripción insular es jurídica y políticamente indiscutible. Y así debe seguir siendo, en mi opinión. Pero ni del Estatuto, ni de ningún consenso político surgió impedimento alguno para crear una circunscripción electoral “regional”, no “en lugar de” sino “al lado de” las circunscripciones insulares. Lo dije en las Cortes Generales en 1996 y lo mantengo.

Reconociendo la necesidad de la circunscripción insular    --y especialmente para quienes, como los 4+1  señores presidentes de los cabildos, la composición del Parlamento debe sustentarse exclusivamente  a partir de la “realidad de cada isla”--  no hay ni un solo argumento, ni uno solo, que sostenga la existencia de unas barreras electorales superiores a las establecidas para la elección de los propios cabildos.  A las actuales barreras, que desnaturalizan el propio concepto de circunscripción insular,  solo las sustentan intereses partidistas: el de  ATI, que es el de llevar por el ronzal a las agrupaciones insulares. Y el de los  grandes partidos, porque les ha permitido  obtener escaños en representación de la “realidad insular” de una isla, dejando fuera del Parlamento a quienes han obtenido más votos en esa misma isla. Y eso es democráticamente intolerable.