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¿Y ahora qué?

Apostamos por la apertura de una vía de diálogo que permita constituir un nuevo escenario en nuestro sistema democrático a través de una reforma seria de la Constitución que incluya las especificidades de los territorios.

Las ofertas de diálogo que pusieron sobre la mesa casi todos los grupos parlamentarios en el debate de la propuesta para delegar a Cataluña la competencia para convocar un referéndum sobre su futuro político debe suponer el punto de partida de una nueva etapa en la que el Gobierno, junto a las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas, explore nuevas soluciones para resolver los desacuerdos que plantea el actual modelo territorial y su encaje en la Constitución.

Nosotros, Coalición Canaria, como expliqué en el pleno celebrado en el Congreso, apostamos por la apertura de una vía de diálogo que permita constituir un nuevo escenario en nuestro sistema democrático a través de una reforma seria de la Constitución que incluya las especificidades de los territorios, especialmente de Canarias, a la que nos corresponde, como mínimo, un mismo estatus que el que poseemos como Región Ultraperiférica (RUP) en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Respetamos, como no podía ser de otra manera, el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas catalanas representadas en el Parlament, pero consideramos que existen otras vías alternativas más sólidas que debemos sondear, entre todos, configurando para ello un clima de consenso y respeto suficiente para avanzar en el desarrollo del Estado de las Autonomías.

Los dos grandes partidos de Estado no han querido o no han sabido afrontar la cuestión catalana. Y no lo han hecho aún a sabiendas de la frustración generada en Cataluña por el no reconocimiento de la realidad nacional catalana con la terrible sentencia del Tribunal Constitucional –de 2010- que acabó con gran parte de su Estatuto, después de que éste fuera aprobado en su Parlamento, en las Cortes y ser refrendado por el pueblo catalán hace ocho años.

La convivencia y el futuro de los pueblos no se puede construir a fuerza de sentencias judiciales. En las democracias modernas, es preferible usar el diálogo que el recurso a los Tribunales. Y acudir a la Justicia evidencia que no existen canales de comunicación políticos en España.

Por tanto, creemos que la solución es política. En CC no creemos que la realidad de Cataluña como Nación se encuentre al margen del Estado español pero tampoco ignorando el desafecto ciudadano que existe en dicha Comunidad Autónoma. Hay que ofrecer alternativas, propiciar que su realidad histórica, social, lingüística, cultural y económica encuentre acomodo en un texto constitucional renovado con su reforma.

Abogamos, en definitiva, por un diálogo político que desbloquee el desarrollo conjunto de los derechos históricos y las especificidades de territorios como Canarias, pero no creemos que la vía más adecuada sea el permanente recurso del Gobierno del Estado al Tribunal Constitucional ni la apuesta unilateral de Cataluña. El Gobierno debe tomar nota de aquella célebre afirmación de Herrero de Miñón que nos recuerda a todos que "la realidad suele vengarse de quienes la ignoran".

Por ello, porque estamos plenamente convencidos de que existen alternativas a las que plantea la cerrazón del Gobierno y el referéndum aprobado por la mayoría del Parlament, decidimos abstenernos en el pleno celebrado el pasado martes. Eso sí, dejando meridianamente claro que el proceso de diálogo es irreversible y que si el Gobierno del Estado y el Partido Popular no son capaces de tender puentes y abrir una nueva etapa nos enfrentaremos a un periodo de incertidumbre por la indecisión y la incapacidad de aquellos que deben pilotar el cambio que necesita el actual modelo autonómico.

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