El sacrificio de lo público

Cada día, los medios de comunicación nos hacen llegar sus amenazas, advertencias y acciones directas de manipulación del dinero, bajando o subiendo las Bolsas a su antojo (“El dinero huye de los mercados ante la indecisión política” era en estos días el titular de un periódico) en una demostración mafiosa y obscena de poder.

Pero lo que está sucediendo estas últimas semanas en España, también en otros lugares de Europa, es como para poner en marcha los mecanismos de justicia universal, si no se los hubieran cargado en uno de esos escasos acuerdos de “interés general” que pactaron el PP y el PSOE. Una presión brutal de los mercados obligó a José Luis Rodríguez Zapatero, traicionando a su electorado, a sus principios de socialdemócrata defensor de los derechos civiles y a la palabra dada por la que reiteraba que nunca recortaría derechos sociales ni aceptaría la reforma laboral, a anunciar un conjunto de medidas encaminadas a rebajar el déficit español en las que se incluía la rebaja del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación de la retroactividad en las ayudas a la Dependencia y la reducción de las inversiones públicas en infraestructuras, entre otras.

El coste personal y político para el presidente ha sido considerable. El rechazo de la sociedad española a estas medidas ha sido rotundo. El desafecto a la política y a los políticos ha aumentado de manera brutal. Las consecuencias pueden ser desastrosas al provocar un incremento del número de parados y un estancamiento del desarrollo económico y del consumo?pero, efectivamente, todo esto no ha servido para nada y, además, no les ha sido suficiente. Con todo el descaro del mundo, haciendo alarde de su prepotencia y su poder, el Fondo Monetario Internacional, con la anuencia del Banco de España, anuncia que aunque las medidas adoptadas responden a lo que ellos habían ordenado, todavía quedan muchas cosas por hacer.

Quieren más. El mandato del FMI al Gobierno español es que en breve plazo de tiempo tiene que ir a por las cajas de ahorros y a una reforma “radical y urgente” del mercado laboral, además de culminar el proceso por el que se amplía la edad de jubilación hasta los 67 años.

He insistido en ello en muchas ocasiones, la más reciente la semana pasada en un texto que titulé “La dictadura del mercado”, pero no me cabe la menor duda de que la pretensión última en estos momentos es desmantelar hasta lo infinito todo lo público y desarmar y desactivar a la sociedad civil, incluso provocando su enfrentamiento, para desde su debilidad y la de sus representantes, controlar los estados, sus instituciones y el futuro de la humanidad. No olviden que Margaret Thatcher proclamaba a los cuatro vientos aquello de “menos Estado y más mercado”, convirtiéndose en la “dama de hierro” de un sistema depredador sin límites.

Con la pretendida reforma del mercado laboral (que no es otra cosa que, simplificando la contratación, alcanzar el objetivo del despido libre) y la ampliación de la edad de jubilación intentan minar los derechos laborales alcanzados tras siglos de lucha, aligerar los sueldos hasta lo imposible ?Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, uno de esos del Ibex que cobran salarios multimillonarios, como el del FMI o el del BE, acaba de afirmar que en el futuro “habrá que trabajar más por menos”- y, sobre todo, implantar entre los hombres y mujeres trabajadores el miedo, la incertidumbre, la precariedad, la dependencia y el subsidio. Se trata de esclavizar a la ciudadanía, romper su cohesión y solidaridad social, desorientarla, desarmarla, hacerle renunciar a sus derechos inalienables y libertades, enfrentarse con el de al lado vendiéndose al mejor postor en ausencia de un convenio que le avale ?fíjense que lo que se propone es la negociación empresa a empresa-. Se trata de poner en riesgo su salud desde la ansiedad y la ausencia de seguridad, de hacerla más frágil y vulnerable, rompiendo su autoestima, su independencia y la seguridad material que les exige la sociedad de consumo. Se trata de crear grandes bolsas de exclusión que quiebren cualquier tipo de democracia, incluida la económica, como sucede ahora con nuestros más de cuatro millones de parados, en los que se llevan la peor parte las mujeres, los inmigrantes, las familias sin ningún tipo de recursos y los jóvenes (el 52% sin trabajo). Se trata de crear más paro y más situaciones de precariedad o indigencia, auspiciando las restricciones del gasto público para frenar la recuperación de los estados y aumentar las ganancias de los sistemas financieros. Se trata de forzar la vida laboral hasta el último aliento, quebrando el derecho a una jubilación en buenas condiciones de salud.

Y con las cajas sucede otro tanto. En Inglaterra y en Italia ya lo consiguieron: las desmantelaron con un enorme coste social y de exclusión financiera. Aquí llevan intentándolo varios años. Desde el Banco de España se ha insistido una y otra vez en obligarlas a fusionarse o a constituir un SIP (Sistema Institucional de Protección) que no es otra cosa que forzarlas a perder el control del negocio financiero y, por tanto, a la desaparición de la Obra Benéfica y Social, que es lo que molesta a los bancos. No pueden seguir admitiendo que estas entidades sean las primeras en peso relativo, por encima de ellos; que un alto porcentaje de la población las prefiera a la banca; que sigan manteniendo en muchos casos esa cercanía a las familias y a las pymes; que favorezcan el desarrollo económico de los territorios más cercanos; que como no tienen accionistas, sus dividendos vayan a parar a la sociedad a través de la obra social y, muy importante para ellos, les duele muchísimo, como acaba de confirmar en manifestaciones públicas el FMI, que tengan democracia interna y un control político y de la sociedad a la que sirven. Lo dijeron así de clarito: las cajas de ahorro necesitan mayor disciplina de mercado y reducción de la influencia política.

Como ha escrito recientemente Carlos Berzosa, “se insiste en ”desregular“ el trabajo, pero la única salida quizás esté en ”regular“ las finanzas”. ¡Qué distinto sería si se aplicase un impuesto riguroso a las ganancias de la banca, se persiguiera el fraude fiscal -alrededor de un 8% del PIB- se actuara sobre el patrimonio y los impuestos de los que más tienen?! También incide en ello Eric Toussaint: “es necesario, pues, potenciar el cambio de la estructura económica mediante el fortalecimiento del sector público, la autoorganización de las bases y la imprescindible presión popular”. Sólo así conseguiremos la independencia de lo público y de la política democrática, en la actualidad absolutamente secuestrada.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales*