Un territorio que agoniza

Sin duda podríamos agotar las páginas de este periódico analizando las múltiples causas que nos han avocado a esta situación. Aún a riesgo de sintetizar demasiado yo destacaría un elemento principal: que el urbanismo, la gestión del territorio, ha devenido en muchísimas ocasiones en un instrumento contra la colectividad en vez de en beneficio de ella.

No es por tanto casualidad que en los últimos años todos los análisis sobre la corrupción en este país apunten a la peligrosa relación entre el mundo de la construcción y una parte de la política. Los datos de Transparencia Internacional coinciden plenamente con los múltiples procesos judiciales abiertos en los últimos años en Canarias alrededor del urbanismo y la gestión del territorio, donde la financiación de algunos partidos políticos juega un papel fundamental a la hora de convenir determinadas practicas y actuaciones con el suelo como moneda de cambio.

En el caso de los municipios, el abandono por parte de las administraciones central y autonómica ha propiciado que muchos ayuntamientos hayan utilizado su territorio como un elemento más de financiación de bastantes de sus actuaciones, de las cuales demasiadas, un 30% por lo menos, son competencia de otras administraciones. No se trata de justificar lo injustificable sino de constatar esta peligrosa realidad.

Por otra parte, en algunos momentos de nuestra joven Autonomía, algunos gobiernos no han sido sino instrumentos de un sector muy poderoso y localizado de cierta clase empresarial que abogó por convertirlo todo en cemento, un modo de enriquecimiento rápido, éticamente reprobable y profundamente depredador.

La política del territorio en Canarias ha sido diseñada a espaldas de los ciudadanos y sus organizaciones sociales, de tal manera que tanto los legisladores como los gobiernos que se encargan de gestionar las leyes emanadas desde el Parlamento son cuestionados radicalmente por los ciudadanos.

Al mismo tiempo, la gestión de nuestro suelo ha sido caótica e irresponsable. Y aquí incluyo la acción no sólo de los gobernantes sino también la de muchos técnicos que han contribuido a la inseguridad jurídica sobre la que nos sostenemos.

Así, podríamos hablar largo y tendido sobre la Ley de Directrices y la moratoria, respecto de las que los Tribunales han empezado a emitir sentencias condenatorias y millonarias contra el Gobierno canario. En los próximos meses tendremos con toda probabilidad una respuesta judicial frente a diez recursos más pendientes de resolución. Nada hace dudar que el resultado sea el mismo: millones de euros de indemnización a las empresas privadas por la mala ejecución del desarrollo de la Ley y las suspensiones cautelares de las construcciones turísticas.

Con el PIO de Gran Canaria pasa otro tanto de lo mismo: tres fallos judiciales han supuesto un proceso indemnizatorio de casi 800 millones de euros y hace muy poco tiempo el TSJC ha anulado importantes actuaciones previstas en los suelos Bb3 y otros.

Además, de manera sospechosa, todas estas leyes para la gestión del territorio, cuentan con muy pocos medios para hacerlas operativas. El ejemplo más palpable es que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias sólo cuenta, para gestionar todo el suelo de la provincia de Las Palmas (planes generales, planes territoriales, etc..), con nueve técnicos, menos de los que dispone cualquier municipio de cada una de sus islas.

Pero para rizar el rizo, al Gobierno de Canarias no se le ocurre otra solución que redactar un proyecto de Ley de Medidas Urgentes que ha provocado el rechazo unánime de la sociedad canaria y sus organizaciones sociales: desde el Colegio de Arquitectos se ha denunciado que la nueva Ley no ofrece garantías para la preservación del suelo rustico y que carece de un enfoque integral sobre los límites del crecimiento; la Agencia de Desarrollo Sostenible del propio Ejecutivo ha dicho que esta Ley “es inasumible” y que “prevalece la planificación sectorial sobre la territorial”; la FECAI y la FECAM han cuestionado su legalidad y el ataque frontal que supone a las competencias de los cabildos y los ayuntamientos?Y así podríamos seguir citando decenas de ejemplos.

Pero la respuesta social más contundente ha sido la propiciada por Ben Magec que logró 45.000 firmas de ciudadanos ?frente a las 15.000 necesarias- para llevar al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular para la renovación de la planta alojativa turística y la contención del crecimiento de nuevas camas.

Ahora el Gobierno, sostenido por PP y CC, frente al necesario debate social, a la participación de ciudadanos de a pie, organismos profesionales y organizaciones sociales; frente al debate profundo y riguroso; frente a la reflexión sosegada, consensuada y libre de sospechas, ha anunciado que el próximo día 10 de diciembre, rechazará la toma en consideración de esta ILP del colectivo ecologista, en otra vuelta de tuerca más de la irresponsabilidad, el desarrollismo y la defensa del interés de unos pocos frente al interés general.

De nuevo la frustración, el desencanto, la sospecha ... y de nuevo la batalla en los Tribunales.

Ante la afirmación de Saramago de “que no se ponga una piedra más sin preguntar por qué”, todos deberíamos exigir donde sea, en la calle, en los juzgados, en las instituciones... que no se ponga una piedra más también sin explicar claramente por qué; sin debatir ampliamente con todos para qué.

El miércoles día 10 de diciembre, de rechazarse la iniciativa presentada por Ben Magec, no se rechazaría una iniciativa de 45.000 canarios, sino el sentir de cientos de miles de hombres y mujeres que ven de nuevo frustradas sus esperanzas.

* Alcalde de Agüimes Antonio Morales Méndez*