Coincidiendo con la aprobación en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos del PP, del proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, destinado a reducir la tramitación y por tanto tender al escarranchamiento multi-institucional en nombre de la inversión y el empleo, el Gobierno de Canarias ha comunicado al mundo la que nos ha colado Repsol y su ministro de jornada con el estudio de impacto ambiental de sus prospecciones en el Archipiélago. Tienen la crónica de Iván Suárez explicándolo pormenorizadamente: Repsol va a utilizar en Canarias una técnica muy parecida al denostado fracking, conocido en el idioma de Cervantes como fracturación hidráulica. Se trata de un procedimiento que la mayoría de los expertos consideran peligroso para el medio ambiente y para las personas porque puede contaminar los acuíferos (se utiliza agua con productos químicos tóxicos), generar movimientos sísmicos al inyectar agua y arena sobre rocas de pizarra a fuerte presión, y provocar contaminación atmosférica con la emisión de gases de efecto invernadero, además de contaminación acústica e impacto paisajístico. Es la brillante alternativa que nuestro ministro canario, esa joya, ha encontrado a las energías renovables, cuya postergación por este Gobierno está provocando la sorpresa, la incredulidad y finalmente el recochineo de la comunidad internacional. Si el fracking es peligroso y nocivo tierra adentro, ya nos podemos imaginar lo que puede ser esa modalidad de la perforación desviada que pretende la compañía multinacional en la inestabilidad de un océano, con perforaciones a miles de metros de profundidad y con unos sistemas de control de la sismicidad del que ya está dando alarmantes muestras el proyecto Castor, autorizado con unas prevenciones ambientales que ya ven ustedes lo fiables que son. Repsol y su ministro de jornada han hecho un estudio de impacto ambiental que, además de una estafa, constituye un insulto a Canarias: después de descubrir que es un corta y pega de prospecciones en sitios distintos y distantes, ahora se confirma que, además, introduce vaguedades, carece de informes técnicos preceptivos y cuela de rondón esa peligrosa modalidad de fracking. El Gobierno canario da por hecho que, a pesar de las 10.000 alegaciones y la contundencia de algunas de ellas, Soria sacará adelante su empresa, impondrá las prospecciones y, como ha hecho siempre, esperará a que la proverbial lentitud de la Justicia le quite la razón dentro de cinco años. Será malo para todos pero bueno para él. Fino y seguro, como siempre.