Ana Oramas sí, comisión de investigación, no

Ana Oramas tendrá calle –o mejor dicho, carretera- rotulada a su nombre en la ciudad de La Laguna después de las próximas elecciones de mayo, pero la decisión la tomará este jueves el Ayuntamiento en una sesión que promete ser verdaderamente acalorada. Y lo será, en primer término, por esta decisión, que la mayoría gobernante argumenta en base a un acuerdo histórico por el que se decidió hacer reconocimiento público de todo aquel o aquella que haya llevado el bastón de mando de Aguere; pero también habrá acaloramiento en un debate que correrá en paralelo, el de la creación de una comisión de investigación sobre los sucesos que se narran en el sumario del caso Corredor, en el que aparece encartado el alcalde de la ciudad, Fernando Clavijo. Las dos decisiones tendrán un desenlace opuesto: mientras que la mayoría de gobierno, formada por Coalición Canaria y el PSOE, votará a favor de ponerle el nombre de Alcaldesa Ana Oramas a la carretera que va desde Taco a La Cuesta, posición a la que muy probablemente se adhiera el PP, los mismos votos se tornarán contrarios a la comisión de investigación alegando que ni tiene prerrogativas un órgano así en el ámbito de un Ayuntamiento ni es oportuno investigar al tiempo que lo hace el juzgado de Instrucción número 1 de la misma ciudad. La oposición, como se podrán imaginar, va a poner el grito en el cielo porque en su relato va a unir ambas cosas: a Ana Oramas se le pone una calle deprisa y corriendo, a seis meses vista de que se pueda descubrir el rótulo correspondiente con banda de música y gastadores, porque Coalición Canaria teme que el juez Pamparacuatro termine elevando al Supremo una exposición razonada sobre su comportamiento en el marco de la operación Corredor, la misma que no se quiere investigar en el ámbito estrictamente político por si se desencajan las cuadernas del grupo de gobierno. No en vano, además de Clavijo y de su concejala Blanca Pérez, aparece imputada una concejala del PSOE, María José Castañeda, y lo que falta por ver.

Santiago Pérez, el precursor

Es más que probable que Santiago Pérez, líder espiritual de la oposición lagunera y a un paso de colgar los guantes de la política institucional, se ausente en el momento en el que se debata en el pleno de La Laguna la designación de una carretera en favor de Ana Oramas. Fue él, según recuerda el grupo de gobierno, el que hace años propuso con éxito que se reconociera a los alcaldes que lo han sido de esa ciudad. Conociendo como conocemos a Pérez, es seguro que por su cabeza jamás pasó la posibilidad de que su propuesta se extendiera más allá de la rendición de honores a grandes alcaldes que, con sus luces y sombras, acompañaron desde La Laguna el tortuoso paso del país de la dictadura a la democracia en España. Por muy inteligente que sea –que lo es- nunca pudo calcular que por ese sillón de mando pasaran algunos de sus adversarios más aguerridos, como la protagonista de este jueves, Ana Oramas, a la que atribuye no solo la humillación política que tuvo que asumir al pasar a la oposición tras haber ganado unas elecciones, sino una gestión nefasta que le condujo a abandonar precipitadamente la alcaldía cuando, en las elecciones siguientes, sí obtuvo la mayoría absoluta. Pérez atribuye a Oramas un agujero de 70 millones de euros en las cuentas de la ciudad producto de haberse gastado en inversiones electoralistas las partidas de gastos corrientes que ahora, ya en plena crisis, hubo que colar por la gatera de las deudas no justificadas a proveedores. Entre esos proveedores, por cierto, a los que ha habido que satisfacer ahora revisiones de precios que Oramas pospuso, se encuentra Urbaser, la empresa encargada del servicio de recogida de basuras donde Clavijo ha enchufado al menos a un privilegiado con acceso a su teléfono móvil.

Martín Pallín es el elegido

Tardará unos días en diluirse el efecto producido por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no acceder a la suspensión cautelar de las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura interesada por la vía de urgencia por el Gobierno de Canarias. Habrá recurso ante el Supremo, por lo que anuncian, pero está visto que cuanto más se aleje de esas dos islas la decisión política y judicial, más se enfría el enfoque y con más desdén se abordan los riesgos sobre los que alertan las instituciones canarias. Este mismo miércoles, como si de una premonición se tratara, ha aparecido el segundo cachalote varado en costas de Fuerteventura, sin que hasta ahora haya podido encontrarse una relación directa entre los sondeos de Repsol y estos sucesos. Ya lo advierte desde su atalaya de socio de Greenpeace y profundo conocedor de la fauna marina isleña el subsecretario de Estado de Industria, el canario Enrique Hernández Bento, que reduce a casi nada los efectos de un sondeo, y en el caso del Mediterráneo, a meras fotografías las que se obtienen gracias a los estampidos sónicos que acaban de ser postergados en ese mar que tanto asusta al PP. Como les veníamos anunciando aquí desde hace días, habrá acciones penales, una contra el Gobierno de España precisamente por esa arbitrariedad, traducida en prevaricación, de denegar los sondeos en el Golfo de Valencia con los mismos argumentos que el Gobierno canario ha pedido incansablemente la denegación de los sondeos en el Atlántico. A esa acción penal podría añadirse también otra contra la Armada por un acto de piratería, consistente en abordar en una acción más militar que humanitaria a las lanchas de Greenpeace en un intento cada vez más discutido de proteger los intereses de Repsol en aguas internacionales. Esas acciones penales las va dirigir nada menos que el ex fiscal y magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, un profundo conocedor de la realidad canaria, particularmente de sus condiciones naturales. No en vano es miembro del Consejo de la Biosfera de Lanzarote, isla desde donde ha colaborado activamente en el estudio de toda la tramitación administrativa que han tenido las autorizaciones gubernamentales en favor de Repsol. Conoce el terreno que pisa, en lo ambiental, en lo social, en lo político, en lo administrativo y en lo penal.

Hernández Bento, ganando amigos

En el aspecto político, el asunto de las prospecciones tuvo este miércoles dos episodios destacables. De un lago, el alegato de Paulino Rivero contra la resolución del TSJC de no suspender cautelarmente los sondeos de Repsol. Por primera vez en este largo pleito, que ha tenido diversos actos jurídicos siempre desfavorables a las pretensiones del Gobierno que preside, Rivero ha sido durísimo. Ha tachado de “político” el auto del TSJC, seguramente animado por el contundente voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer, que suscribiría cualquiera que se haya estudiado en profundidad el expediente de Repsol. Las resoluciones judiciales pueden criticarse abierta y duramente si se desea, evitando siempre rebasar la fina línea roja que separa el texto de su autor; Rivero ha pisado esa línea roja con sus opiniones porque catalogar de “político” ese auto equivale directamente a endosarle al magistrado ponente la etiqueta de pepero, algo por otra parte muy abundante en algunas capas de la atmósfera judicial española, y por supuesto canaria. Sin embargo, el magistrado autor del voto particular no es sospechoso de ser del sector progresista: milita en la asociación Francisco de Vitoria, lo que al parecer no convierte a sus miembros en anti-ambientalistas. El otro episodio político de este miércoles fue el protagonizado por tres senadores baleares del PP, que volvieron a romper la disciplina de voto de su partido y a posicionarse por lo tanto con la mayoría política, social e institucional de aquel Archipiélago. Su voto contrario a las prospecciones en cualquier parte de España, con especial sensibilidad respecto a las áreas de especial relevancia natural y turística, provocó una arrebatadora respuesta del subsecretario de Industria, Enrique Hernández Bento, que tachó de desleal nada menos que al presidente de Baleares, el también popular José Ramón Bouzá. Es evidente que ni siquiera las resoluciones judiciales favorables calman los picores en determinados despachos gubernamentales, preocupados por la deriva que la cosa puede ir tomando en otras instancias como las europeas. Sin contar, claro, lo bien que le está yendo a la imagen internacional de Repsol, el patrocinado. Fíjense lo que dice de la petrolera el magistrado autor del voto particular: Las pérdidas económicas que sufriría Repsol por la interrupción de los sondeos “no serían sino una consecuencia de haberse querido imponer por la fuerza de los hechos”.