Los responsables de estos incidentes en Cruz de Piedra, que no son aislados, tienen nombres y apellidos dentro del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias. Desde luego, el máximo responsable de lo ocurrido es el jefe superior, Valentín Solano, actualmente de vacaciones, pero batiéndose descaradamente en retirada desde que decidió pedir plaza en la embajada española en Rabat, donde no ha de soportar las intrigas internas que se encontró en la Supercomisaría y donde no ha de ejecutar los encargos de vendetta que le hizo el ministro José Manuel Soria para que pagaran sus culpas los que investigaron al PP y a él por corrupción. Luego viene el escalafón, con la comisaria provincial, Sagrario de León, como cabeza más visible de una sucesión de negligencias que parecen interminables. Sumen acto seguido a esos inspectores que se exceden en sus prerrogativas, como es el caso de Pegaso 2, nombre en clave tras el que se encuentra el agente Casanova Acebes, responsable directo de lo ocurrido en Cruz de Piedra. La responsable política de todos ellos, sin embargo, es la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, que se enteró por La Provincia de que en aquella refriega en el barrio hubo salvas al aire. Dicen en la Supercomisaría que nadie la informó en tiempo y forma porque los que leyeron el atestado se conformaron con comprobar que había habido detenidos y se había restablecido la autoridad. Bien haría la delegada en exigir la depuración de responsabilidades, o al menos la apertura de expedientes informativos para aclarar qué fue lo que pasó exactamente, poniendo en relación esos sucesos con otros que conoce muy bien y que podrían acreditar un comportamiento incorrecto de algunos mandos policiales, unos por acción, evidentemente, y otros por palmaria omisión.