Primero fue una denuncia aislada de un jefe de servicio de Asuntos Sociales que no llegó a nada potable dentro del Cabildo de Gran Canaria, en la etapa de gobierno PSOE-NC. Después, un corto recorrido en Fiscalía y también en el Juzgado de Instrucción número 5 de LPGC, que llegó a decir, para archivar la denuncia del mismo funcionario en diez días, que el presunto despilfarro detectado de dos millones de euros a la hora de abonar los servicios a entidades colaboradoras por gestionar los centros de acogida de menores en Gran Canaria eran meras elucubraciones, casi una invención alucinógena del tocapelotas ese que se negaba a informar favorablemente de los nuevos convenios con las ONG y fundaciones de andanzas extrañas. La denuncia siga viva en el mismo juzgado porque la Audiencia exigió a la juez, Ana Isabel de Vega, un poquito de por favor a la hora de dar carpetazo a las cosas, que a lo peor la hipótesis tenía un pizco de fundamento, y aunque nadie se haya llevado nada al final crudo para su casa a lo peor también se lo han cocinado de una manera que bien merece una explicación por la parte denunciada. Y en eso anda todavía Instrucción 5 cuando ya no se encuentra con que es solo una suposición de un funcionario aislado, sino que, primero una auditoria externa que fue encargada en otoño de 2012 por el propio Cabildo, y ahora informes de auditoría internos de la propia Intervención General vienen a confirmar que el control de cómo se abonan las cantidades fijadas por convenio (un fijo por menor y día) a los gestores privados de centros de acogida es mayúsculo, y en el Cabildo se sabe, al menos que tengamos constancia, desde marzo de 2011, que es cuando está datada esta nueva auditoría concreta que les traemos.