Pues claro que había tomate, pero la instrucción se ha detenido solamente en la prevaricación, lo que puede considerarse una investigación con la boca chica, de ésas de “me obliga la Audiencia”, a ver cómo hacemos para daños colaterales mínimos. Siempre tiraba para atrás el pestazo a pelotazo y a beneficios compartidos el hecho comprobable de que el empresario Santana Cazorla adquiriera la finca de San Rafael por algo más de 2,5 millones y, justo al mes siguiente, la permutara al Ayuntamiento por inmuebles valorados en 6,4 en un claro quebranto para la institución. Desmontado el conchabo desde la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC con esa recomendación expresa de denuncia penal, nada vendría peor al empresario del pelotazo que una condena propia, compartida con sus cómplices municipales, por prevaricación. Algo así abortaría por completo sus alambicadas pretensiones de exigir del Ayuntamiento responsabilidades patrimoniales y reducirlo todo un error de tramitación administrativa. Acto seguido se comerían los teldenses con papas su finca de San Rafael y él se quedaría, como de momento ha hecho, con los locales permutados. De ahí que todas las partes en presencia, excepto el Ayuntamiento, ya retirado, luchen denodadamente por dejar en nada este procedimiento penal. Y de ahí también que la jueza Zabala inadmitiera con cajas destempladas cualquier posibilidad de que, en sustitución del desistido consistorio, se personara Nueva Canarias como acusación particular, rechazo que está recurrido ante la Audiencia Provincial sin que ésta de momento se haya pronunciado, aun cuando el juez que ha quedado al frente del juzgado haya abierto procedimiento abreviado y haya instado a las partes personadas, exclusivamente el Ministerio Fiscal, a presentar su escrito de acusación. Ni que decir tiene que, a tres días escasos de que expire el plazo legal fijado, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado, lo que conduce a que Reyes no disimule su orgullo y satisfacción en modo palomo buchúo, como ha quedado dicho. Nadie es capaz a estas alturas de asegurar que el fiscal responsable de emitir ese decisivo informe sea Carlos Seijo, el mismo que en el caso Yrichen pidió para el ex alcalde Paco Santiago siete años de inhabilitación por el delito de “dejación de responsabilidades”. Seijo es un seguidor acérrimo de las instrucciones del fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, hombre conservador y con ansias de carrera política bajo el paraguas del PP, al que costaría mucho trabajo dar instrucciones para que pueda sufrir condena de cárcel y/o inhabilitación una alcaldesa de ese partido. Reyes y Castellano, traumáticamente separados en lo político, vuelven a ser compañeros de desventuras penales, lo que une una barbaridad. ¿Tendrá algo que decir el tercer socio en el gobierno de Telde? ¿O Coalición Canaria se conforma con haber colocado al frente de los servicios jurídicos nada menos que al multi-imputado José Luis Mena? Qué mala suerte tiene Telde.