Muy edificante la asamblea que este martes celebró la Confederación Canaria de Empresarios, que no se reunió precisamente para resolver los problemas que aquejan a la economía de Canarias, pronunciarse sobre los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y proponer medidas audaces para un crecimiento sostenible más creíble. No. La Confederación se reunió para homenajear su particular manera de entender la democracia, acabar con el derecho al voto secreto y concentrar más poder en los órganos más reducidos, a imagen y semejanza de lo que la corriente plateada ha hecho en la Cámara de Comercio. Con la reforma de los estatutos aprobada este martes, el comité ejecutivo, que pasa ahora a tener quince miembros con la incorporación de Jaime Bouzón (por el tercio de actividades clasificadas) y Jaime Cortezo (por el de la asociación de promotores inmobiliarios), ha acumulado su capacidad decisoria y la de la Junta Directiva, compuesta por 48 personas. Pero, además, en una pirueta que traslada a la CCE la actual ley electoral canaria, las islas de Lanzarote y Fuerteventura doblan su representación en la asamblea y obtienen dos vicepresidentes natos (sin elección democrática) en el comité ejecutivo. Cumple de este modo Tony Rivero, presidente de la patronal, con algunos de sus compromisos previos a las elecciones empresariales y se solidifica la nueva tendencia plateada que parece agradar a parte del empresariado. Muy llamativa la concurrencia. Hagamos las cuentas: si hubo 125 votos a favor de la propuesta (todos los votos representados en la sala) significa que faltaban otros 110 votos por estar allí de algún modo. Luego cabe entender que a) hay cierta desmovilización en el empresariado y b) que la disconformidad existe casi en un 50%. Por no hablar del trabajo que nos cuesta creer que, en cumplimiento de los vigentes estatutos, se haya cubierto el quórum necesario, que obligaría a contar con 117 asociados presentes.