Sin retorno vía beneficios empresariales y sin retorno directo vía fiscalidad, a Canarias sólo le va a quedar del petróleo el riesgo, por mínimo que nos lo quieran dibujar. Por eso extraña que un presidente de patronal, mayormente dedicado a la explotación turística, defienda con tanto ahínco unas prospecciones petrolíferas tan arriesgadas para Canarias. Salvo que el señor Manrique de Lara, avalado naturalmente por el ministro que lo ha catapultado a ese puesto, esté en condiciones de suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra unos 40.000 millones de dólares, cantidad que podría considerarse más o menos adecuada al daño que pudiera ocasionarse a Canarias desde el punto de vista ambiental y turístico por un vertido petrolífero en sus inmediaciones. Y no estamos exagerando en absoluto. Esa es la cantidad aproximada que ha tenido que pagar la multinacional petrolera British Petroleum (BP) por el desastre ecológico de 2010 en las costas de Luisiana (Golfo de México), región menos vulnerable que Canarias, donde la calidad de las aguas y del litoral está muy directamente vinculada a su principal industria, el turismo. Pues sí, BP ha pagado, según datos oficiales, una multa gubernamental de 4.500 millones de dólares, la mayor de la historia en EEUU; 14.000 millones de dólares para la limpieza y reconstrucción de las áreas dañadas, y 20.000 millones para un fondo de indemnización destinado a los afectados. Como se podrán imaginar, estos números escapan con mucho de las posibilidades de la petrolera española Repsol, porque mientras que BP tiene un valor bursátil de en torno a 135.000 millones de dólares, la compañía que preside el amigo de Soria, Antonio Brufau, no llega a los 30.000. Números fáciles de contrastar por el presidente de la patronal canaria, al que le sugerimos que, de paso, consulte las tablas de las aseguradores, a ver si su CCE está en condiciones de contratar un seguro que nos deje a todos tranquilos. Porque Repsol no lo va a hacer, delo por hecho.