Hay jueces que tienen alergia a los periodistas. De eso no tengan duda. Acumulamos unos cuantos ejemplos que lo prueban. Nos consideran unos intrusos que nos atrevemos a informar de todo, y lo que es peor, a opinar de todo. Por ejemplo, de sentencias judiciales a todas luces excesivas, injustas o desproporcionadas. La que acaba de recaerle a la revista satírica El Agitador, de Lanzarote, la podemos encuadrar en estos dos últimos apartados: injusta y desproporcionada, con un añadido que agrava aún más su contenido y sus consecuencias: corporativista. Un juez de Lanzarote, Antonio Miguel Vallejo Jiménez, ha condenado a tres responsables de esa publicación a casi 20.000 euros (casi 8.000 de multa y 12.000 de indemnización al querellante) por publicar una viñeta y unos comentarios acerca del fiscal Miguel Pallarés, a la sazón coordinador de fiscales de Lanzarote, hoy ejerciendo en Las Palmas. En seis sucintos folios, su señoría se lleva por delante el derecho a la libertad de expresión con similares argumentos a los que le hubieran servido para, en defensa de ese derecho constitucional, absolver a los acusados, que se limitaron a hacer unas risas acerca de la presencia del fiscal querellante en el colectivo de propietarios de chalets en la urbanización La Bufona, sobre la que pesa un pleito que lleva trece años dando vueltas por los juzgados. El chalet de Pallarés, como resaltaron los ahora condenados, es uno de los que presuntamente ha invadido suelo rústico propiedad de un particular, que se desgañita en medios de comunicación y sedes judiciales sin que nadie sea capaz de resolver en algún sentido su kafkiano peregrinar. Los editores de El Agitador se limitaron a ironizar sobre la doble condición de presunto infractor de Miguel Pallarés (su chalet en La Bufona está expedientado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que ha decretado su demolición parcial) y de fiscal en ejercicio en Canarias. No lo llamaron delincuente, ni siquiera infractor, sino fiscal mudo, conclusión a la que llegaron tras preguntarse en el artículo por el que han sido condenados cómo es posible que el caso de La Bufona llevara entonces (2008) dando tumbos en los juzgados y que el señor Pallarés se abstuviera de actuar en flagrantes casos de corrupción urbanística en Lanzarote en función de quiénes fueran los sospechosos. Esa actitud les lleva a llamarlo “Miguel Callaré”, expresión que para el juez Villarejo Jiménez constituye “una injuria grave”. Porque resulta relevante y de público conocimiento en Lanzarote que el fiscal querellante es sobrino político del tristemente famoso abogado Felipe Hernández Camero, implicado en el caso de La Bufona y salsa en casi todos los guisos de pelotazos urbanísticos peligrosos, molestos e insalubres que se han cocido estos últimos años en Lanzarote. Una viñeta y unos comentarios satíricos son una opinión de unos ciudadanos de un país libre que no pretenden “menoscabar la honorabilidad profesional” de un fiscal, sino pronunciarse en tono humorístico por la inacción de un servidor público que a su juicio no estaba a la altura de las circunstancias. Si lo que pretendía el juez, el fiscal querellante y el fiscal que pidió en el juicio la misma condena que el fiscal querellante era tapar la boca a El Agitador y borrar de la faz de la tierra cualquier rastro de crítica a la actuación de Pallarés, el efecto conseguido ha sido el contrario. Los condenados han anunciado que recurrirán a la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde la contaminación conejera queda un poco más lejana. El caso La Bufona sigue sin resolverse: los imputados, de rositas, y los chalets infractores, en perfecto estado de revista. Pero ya hay condenados colaterales.