No se puede afirmar que estén muy legitimados algunos empresarios canarios para exigir de las administraciones y de sus políticos las cosas que les exigen. Juan Miguel Sanjuan, por ejemplo, presidente del grupo Satocan, se ha mostrado públicamente ferviente seguidor de la cruzada emprendida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria en contra de la recientemente aprobada Ley de Modernización Turística, aquella que limita la construcción de determinados establecimientos, particularmente los cuatro estrellas, si no son producto directo de la renovación de planta alojativa. Satocan, Sanjuan, mantiene con el Cabildo de Gran Canaria un sentimiento contradictorio, porque mientras apoya a su presidente en la vuelta al insularismo, lo critica por haber abierto expediente BIC en el oasis de Maspalomas, en cuyo lindero norte el empresario pretende convertir en centro comercial la terraza de un aparcamiento que su sociedad obtuvo por concesión administrativa sin más dotaciones que las puramente aparcamentísticas. Sanjuan es, por si no lo recuerdan tampoco, el propietario de las saladas oficinas que ocupa Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria a un precio de alquiler que quita el hipo y las ganas de creer en la inocencia de quienes negociaron ese pantagruélico contrato. Pero el señor Sanjuan, Satocan, resulta ser también el noble empresario al que la justicia le acaba de declarar ilegal un apartahotel que se empeñó en construir en Puerto Rico en un suelo que jamás debió haber compartido con el hotelero de al lado. Es decir, que donde sólo debió haber un hotel ¡de cuatro¡ estrellas, entre el señor Sanjuan, Satocan, y su vecino, Morasol Suit, se cascaron dos establecimientos distintos. ¿Cuatro estrellas para esto?, bendito sea Dios.