Cuando empiecen a llegar a la sede de Editorial Leoncio Rodríguez las sentencias condenatorias que en cascada y de modo compulsivo ha ido recurriendo don Pepito, no va a ver caja pa tanta gente. Se le acumulan las civiles de protección al honor por ese empeño del dicharachero editor y director de El Día de insultar a la gente, de inventarse patrañas y de vengar a su muy peculiar manera que el mundo le haya hecho así, una criatura de dios que un día se creyó ungido por la divinidad, cosa que la vulgar humanidad no entiende. Acaba de caer en nuestras manos el último revolcón, una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que confirma hilo por pabilo la de primera instancia que le condenó a pagar a Ángela Mena, a su cuñada y a una tercera mujer la nada despreciable cantidad de 100.000 euros por haberse inventado los papeles de México y encontrar en ellos, ¡eureka!, una tremenda corrupción de las señoras en cuestión, vinculadas todas ellas por la vía familiar con Paulino Rivero. El revolcón no es sólo económico, que duele y por partida doble (se le condena también a las costas), es también revolcón jurídico, porque desbarata uno tras otro todos los desquiciados argumentos esgrimidos por la defensa del Faro de Nivaria hasta dejarlos reducidos al ridículo. La ponente, Macarena González Delgado, concluye que todo el tinglado de los negocios mexicanos de la familia de Paulino Rivero fue una enorme patraña que El Día no se preocupó en contrastar lo más mínimo sino que, muy al contrario, amplificó y utilizó a su antojo para cargar contra el presidente del Gobierno y su familia durante 2011 (periodo analizado por la justicia, porque aun hoy continúa con la majadería) por haberle sido negada en el concurso de frecuencias de radio una mísera emisora. La campaña en contra de Mena y sus familiares no cumple con ninguno de los requisitos que la jurisprudencia contempla para hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión, porque además de la falta de veracidad (mentira cochina, en lenguaje vulgar) se presentó en el periódico de referencia con el indisimulado interés de dañar a las personas que se mencionaban. Y con un notable desprecio por la verdad al sortear incluso los desmentidos y los escritos de rectificación remitidos por las afectadas a las oficinas de don Pepito. Todo ello, dice la sentencia, “provocando en los lectores una visión distorsionada de la actora [Ángela Mena], con capacidad de ser susceptible de crear dudas específicas acerca de su honorabilidad”. La sentencia sólo puede ser recurrida ante el Supremo por infracción penal, cosa que hará don Pepito, como es costumbre, para que le venga incrementada con intereses y costas procesales. Calculando grosso modo, las condenas que acumula la casa superan ya el cuarto de millón de euros. Y subiendo. Ánimo don Pepito.