No puede sostenerse sin riesgo a caer en el ridículo que cualquier cosa que pase a engrosar los cargos en la causa penal de Las Teresitas vaya a operar en favor de dos de los principales encartados, los compadres Ignacio y Antonio. Bastaría con recordar la secuencia de los hechos, cómo compran tras el soplo de la sentencia del Supremo que otorgaba valor urbanizable al entorno; cómo obtienen el préstamo de 33 millones de euros de la Caja; cómo se les recalifica graciosamente lo que no era urbanizable, y cómo venden en 2001 a Mapfre con cuantiosas plusvalías que ahora les reclama la Agencia Tributaria. Si a esta sucesión de hechos más que sospechosos unimos lo que evidencian los documentos encontrados la semana pasada, que como mínimo prueban una confabulación dentro del Ayuntamiento para comprar un bien de propiedad municipal, las cosas se van a complicar bastante en el Supremo para los cabecillas. No es ocioso recordar, aprovechando la coyuntura, cómo se tramitó aquel préstamo de CajaCanarias según la versión del que por entonces era presidente de su comisión de control, Juan Gutiérrez Pérez. Lo contó todo como testigo ante la fiscal María Farnéz Martínez y la jueza Carla Bellini en su declaración de fecha 18 de diciembre de 2007. La comisión de control, que se reunía los jueves cada quince días, tuvo que celebrar sesión extraordinaria cuando se tramitaba de urgencia aquel préstamo a Inversiones Las Teresitas. A la reunión, también de manera extraordinaria, asistieron el presidente de la entidad y su director general, Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo, respectivamente, que la habían solicitado para explicar el préstamo. “Nunca supimos que detrás de Felipe Manuel Armas estuviera don Ignacio González”, contó el testigo al ser preguntado por el testaferro del ex presidente de la Cámara de Comercio, al que se otorgaba un préstamo de 33 millones con una nómina de 600 euros. “Muchos de los miembros de la comisión pusieron reparos [al crédito] porque la sociedad [Inversiones Las Teresitas] no estaba inscrita en el Registro Mercantil y por las garantías, ya que no había un aval formal y en la documentación que venía se encontraba el pasivo de don Antonio Plasencia [4.000 millones de pesetas], y en el caso de impago, sólo se podía ir contra los terrenos”. Núñez y Arvelo insistieron resaltando la solvencia de Plasencia (y ocultando que su socio era Ignacio González, miembro del consejo de administración de la entidad), y aun así en el acta se reflejaron, “de forma bastante escueta” los reparos de todos los miembros de la comisión de control. El testigo no recordaba que se hubiera impugnado la operación, lo que en tal caso hubiera derivado en una comunicación a la Consejería de Hacienda, cosa que no ocurrió. “Es posible”, concluyó Gutiérrez, “que de no haber comparecido en la comisión el director y el presidente de la Caja, la operación se habría impugnado”.