La comunicación del Tribunal de Cuentas, además de tumbar el plan de rescate al Ayuntamiento de Telde incluye una instrucción envenenada dirigida a la Comunidad Autónoma: la apertura de un expediente que detecte qué funcionarios públicos (incluidos, por supuesto, los responsables políticos) han intervenido en este expediente para conseguir colar como facturas de proveedores pagos al margen del Real Decreto 4/2012. La lista incluiría al actual grupo de gobierno (PP, Ciuca y Coalición Canaria) y a los técnicos que informaron favorablemente esa negligencia por importe de 24,5 millones de euros. ¿Y quiénes son esos técnicos? Desde luego pueden estar en la lista Darío López (coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento), Fran López y Guillermo Reyes (concejales del PP y de Ciuca, respectivamente). Y puede estar el interventor municipal, Enrique Orts, imputado en la trama de corrupción del caso Faycan, que sin embargo tuvo la habilidad de guardarse las espaldas reclamando de los servicios jurídicos y del entonces responsable de Urbanismo algún informe avalando la pretensión de la alcaldesa y sus mariachis. Ese informe a la medida fue elaborado, cómo no, por el omnipresente José Luis Mena Santana, multi-imputado en los más sonados casos de corrupción de la ciudad, entonces jefe de la oficina de Urbanismo de la ciudad y en la actualidad, por obra y gracia del actual pacto, jefe de los Servicios Jurídicos. Mena emitió en 2012 un informe que sirvió a Orts y al grupo de gobierno para tirar para adelante y meter en el saco de las deudas a proveedores esa sentencia de Horneras. De cumplirse el mandato del Tribunal de Cuentas, el Gobierno canario habrá de expedientarlos a todos y, acto seguido, exigirles responsabilidades patrimoniales personales. Se quedará en aguas de borrajas seguramente, porque está comúnmente aceptado que perro no come carne de perro y que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma no pasarán del susto. Más o menos como lo que viene ocurriendo con el anuncio de que se le exigirían a Soria responsabilidades patrimoniales por el fallido aval de 5,2 millones de euros a la empresa Vanyera, que no fue inscrito por el ex consejero de Hacienda y se perdió ese dinero para siempre. Lo proclamó el Ejecutivo a bombo y platillo y nunca más se supo.