Luis del Rivero puso cara de asombro cuando en su despacho de Madrid, en compañía del que entonces era su vicepresidente, Manuel Manrique, escuchaba de boca de Rafael González Bravo de Laguna el relato fáctico de aquella operación atribuida en exclusiva a José Luis Rubio y Pablo Abril. Había hechos que en principio sonaban bastante graves y que aconsejaron al presidente de Sacyr Vallehermoso a ordenar a su número dos que los pusiera en manos de los servicios jurídicos de la casa por si hubiera que actuar denunciando presuntos delitos en presencia. Se contaban cosas muy escabrosas relativas a un dinero que salía para blanquear otro; una reunión que se convocaba de urgencia para aclararlo; explicaciones erráticas; otra reunión con otro empresario ajeno al grupo; el contacto con un personaje de la judicatura; el viaje programado de otro a Italia; una entrega a cuenta de 150.000; 700.000 euros como pago final? ¿Pruebas? Los testimonios de los implicados, a no ser que alguno haya registrado secretamente alguno de esos encuentros y lo quiera sacar ahora a la luz. Nunca se supo en qué acabó esa instrucción de Del Rivero a quien entonces era la persona de su máxima confianza, ni si los servicios jurídicos de Sacyr tomaron alguna iniciativa. Sí lo hizo el ex presidente de Saur Internacional, Joël Séché, que también se creyó el relato y acudió a la justicia francesa para que se investigara. La denuncia, teóricamente, fue trasladada a la Audiencia Nacional en Madrid, que hace pocas semanas ha pedido a su remitente que la vuelva a enviar, pero en español, que así no hay manera de entender tanto tejemaneje. Quizás por eso la fiscal Ríos no encontró nada cuando preguntó en el decanato.