Resulta conmovedor ver a José Manuel Soria pregonando en el Congreso de los Diputados que el Gobierno del que forma parte ha pedido al Tribunal Supremo que declare lesiva una cláusula de la concesión administrativa del proyecto Castor por ser “claramente abusiva para el interés general”. Insistimos, conmovedor. Primero, porque tal cláusula, por la que habría que indemnizar a la empresa gestora del pozo, Escal UGS, en el caso de suspensión o finalización de la concesión, figura en la adjudicación desde 2008, y es norma con rango de ley que las resoluciones administrativas son ejecutivas y obligan al que viene detrás, se ponga como se ponga. Es fácil imaginar a Florentino Pérez (propietario de más del 60% de esa explotación) escuchando esa invocación a la lesividad en boca de quien anda todo el santo día hablando de garantizar la seguridad jurídica a los inversores. En fin. Más regocijo provoca a los canarios ver a su flamante ministro hablar de cláusulas abusivas cuando existen que sepamos al menos dos ejemplos en los que o no hizo nada o hizo todo lo contrario para ahorrar a las administraciones públicas un quebranto monumental. Nos referimos, por si lo han olvidado, al famoso acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Arnaiz (jo, qué tiempos) y el chiringuito eólico montado por Javier Esquivel según el cual se le regalaría al empresario ?casero de Soria 21 meses en versión qué bello es vivir sin pagar alquiler- la rentabilidad que obtuvieran las famosas megaturbinas de Arinaga a cambio de que cediera el proyecto que a su vez Soria le había regalado desde el Cabildo. ¿Se acuerdan? Sí, hombre, aquel chanchullo que, llegados los socialistas al poder, la Abogacía del Estado declaró lesivo para el interés general.