Así las cosas, el pasado día 24 de julio, la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kurson (PP), organizó una visita a Mogán con varios técnicos de la Corporación para tratar de buscar encaje el tremendo marrón santiaguero. Kurson pretende legalizar los vertidos mediante modificaciones del Plan Territorial Especial de Actividades Extractivas y Vertidos, o en su defecto, en el Plan General de Mogán o en el Plan Insular. Todas las opciones fueron rechazadas por los técnicos del Cabildo, que no encuentran encaje legal de ningún tipo a los 400.000 metros cúbicos de escombros en el cauce de un barranco. Fue en esa reunión donde quedaron de manifiesto las intenciones del empresario: allanar los vertidos, modificar el cauce del barranco y hacer encima de esa obra magna unos equipamientos que mejoren la urbanización turística allí plantificada. La cosa ha llegado ya a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, donde el empresario empieza a ser demasiado habitual. En el Cabildo, ya en el terreno político, empiezan a exigirse explicaciones. Nueva Canarias presentó este jueves un escrito reclamando copia de todos los informes y documentos “para conocer la certeza de dichos vertidos, así como las actuaciones que por parte del Cabildo se están realizando”. Desde Mogán, el intrépido alcalde, Paquirrín González, hace lo imposible por resolverle el problema al empresario amigo y compañero de paseos gondoleros. La próxima semana habrá novedades.