El Tribunal de Cuentas del Estado, es decir, un organismo nada sospechoso de estar en manos de los pérfidos socialistas o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido demoledor en sus primeros informes contra el modo de operar del Ayuntamiento de Telde. O por ser más precisos, con el modo de operar del actual grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde, muy parecido en el proceder y en la procedencia a aquel grupo de gobierno que saqueó la institución en el periodo negro de 2003-2007. Porque lo que ahora aflora no es otra cosa que una de las consecuencias de la catastrófica gestión llevada a cabo en aquel cuatrienio de gobierno entre el PP y Ciuca, reeditado desde 2011 con la incorporación irresponsable de Coalición Canaria. Pues bien, como pueden leer en nuestra noticia de portada, el mentado Tribunal de Cuentas ha echado por tierra la pretensión de ese consistorio de colar como factura de proveedores los 13 millones de euros pagados al empresario Ambrosio Jiménez (Promociones Horneras) por la resolución del convenio que llevó a que en 2003 el actual concejal Guillermo Reyes le vendiera unos suelos en La Mareta tras habérselos arrebatado ilegalmente a su legítimo tenedor, la empresa Urbagest, que finalmente ganó su pleito en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Contrariamente a lo que en marzo de este año dijo el Ministerio de Hacienda al concejal de Más por Telde Juan Francisco Artiles, el órgano fiscalizador del Estado ha concluido que ese pago no se ajusta a los preceptos del decreto por que se permitía a los Ayuntamientos endeudarse a través del ICO con la consiguiente intervención de sus finanzas por parte del Estado. Vete a decirle ahora a Ambrosio Jiménez que devuelva los 13 millones; o a Aguas de Telde los 8,6 que tampoco debieron abonársele por facturas impagadas (después de habérsele dejado prescribir un expediente sancionador abierto por la Corporación anterior), o a los ciudadanos expropiados forzosamente que han de reintegrar los 2,7 millones que recibieron a través de estos fondos estatales para proveedores. La respuesta es evidente: ¡Cógelo, Cuco! O lo que es lo mismo: que paguen otra vez estos disparates los vecinos de Telde, que para eso eligieron a los gobernantes que eligieron.