Sanginés ha salido ahora porque, en esta ocasión, puede endilgar parte de la responsabilidad a otras instituciones, concretamente al Gobierno de Canarias, que tiene la guardia y custodia de los menores, si bien ha delegado parte de esa responsabilidad al Cabildo, titular de La Montañeta. Este centro, que es un coladero, presenta deficiencias realmente alarmantes, como la facilidad que tienen los jóvenes allí custodiados para entrar y salir cuando les da la gana o la impunidad con la que algunos de los internos se conducen. O el hecho comprobado por el fiscal de que los menores más pequeños son encerrados en las celdas de castigo para protegerlos de los mayores. Penoso también el papel de las ONG, que se desmelenaron en su día para denunciar la violación de derechos humanos en la terminal aeroportuaria de Fuerteventura con los inmigrantes y, en este caso, ni se les ha oído. Y es una ONG, CEAR, la que gestiona La Montañeta, si bien es cierto que lleva año y medio denunciando estas situaciones sin que nadie le hiciera el mínimo caso hasta el viernes. Entre unos y otros, nos cuentan, nadie se responsabiliza de que los chicos estén en el centro cuando tienen que estar, especialmente cuando van a repatriarlos, tras la tramitación del consabido y complejo expediente. Va la policía a recogerlos y ya no están.