Hay que recalcar que el entrevistador, cuya firma no aparece en la edición digital de El Día, hace una entrevista muy potente en la que no se da tregua a Miguel Zerolo, aunque en ocasiones tenga que conformarse con respuestas a todas luces incompletas o, directamente falaces. Él o el editor eligieron para titularla que Zerolo repetiría todo lo que hizo en Las Teresitas, lo que nos lleva a enfatizar en el verbo repetir y en la expresión “todo lo que hizo”, que debe incluir las operaciones políticas, administrativas y las actividades clasificadas, molestas e insalubres que dieron lugar a la apertura de unas diligencias en la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Ínsula Viable firmada por el actual concejal de Urbanismo de Santa Cruz y alentada por el ex socialista Santiago Pérez. Zerolo reduce todo el escándalo a una cuestión de plusvalías: “Un fallo del Supremo permitía construir y gran parte de la población no quería. Los 27 ediles nos opusimos en pro de la ciudad con los informes favorables y máxima transparencia. ¿Que hay plusvalías?: en esa etapa, muchos compraban pisos sobre plano, daban 25.000 euros, vendían y ganaban mucho. Otra cosa es si son legítimas plusvalías tan grandes en tan poco tiempo”. Se considera, el señor Zerolo, el tipo más perseguido a este lado del río Pecos, y destaca que le hayan descontado ya el delito de cohecho, por el que estuvo mucho tiempo imputado por las sonadas sospechas de enriquecimiento personal, que ha quedado reducido a su llamativa fortuna con la Lotería Nacional, que se ganó con insistente frecuencia. “¿Se refugió en el Senado?”, le pregunta el periodista, a lo que el senador responde: “La política canaria es curiosa, ya que, como alcalde, un sector del PSOE y la izquierda más radical clamaba para que me fuera y, cuando me voy, claman por irme. Decir que lo hice como protección es no conocer el sistema, pues se supone que, si te juzga el Supremo, lo hacen los mejores jueces”. Primero, lo que queríamos mucho era que dejara la política, no que siguiera chupando de ella, y segundo, elevar a la categoría de “los mejores” a los magistrados del Supremo es una colosal tomadura de pelo, porque ni todos están allí por sus conocimientos jurídicos (que levanten la mano los de la cuota política, hagan el favor), ni todos los que se ocupan de lo penal han instruido una puñetera vez en toda su dilatada trayectoria. Más nos inclinamos por la acreditada contaminación que el poder político ejerce sobre el poder judicial, máxime en estos gloriosos momentos en el que el Gobierno y sus adláteres se aprestan a asaltar el Poder Judicial a través, entre otros órganos, del Senado.