Continúan conociéndose detalles de los documentos que el concejal de Urbanismo de Santa Cruz ha entregado a la fiscal anticorrupción de la provincia, María Farnés Martínez. Ya les adelantábamos ayer que existe un acta de cesión de 1967 por los que la Junta de Compensación de Las Teresitas y del Valle de Huertas cedía el frente marítimo a cambio de que el Ayuntamiento ejecutara las obras de construcción de la playa. Un segundo documento, dado a conocer este jueves por el periodista tinerfeño Ramón Pérez Almodóvar, aparece fechado en 1986 y firmado por el ya alcalde Manuel Hermoso, ratificaba aquel convenio e insistía en las obligaciones de ambas partes. Un tercer documento de 1998 recogía en el catálogo de bienes del consistorio esa pieza de suelo, justo en el año en que se dictó la sentencia que les otorgaba la condición de urbanizables y que, conveniente filtrada un día antes de su publicación, sirvió para que los compadres Ignacio y Antonio compraran aquello con un préstamo muy sospechoso de Caja Canarias. Hay más documentación, por ejemplo la que reveló el periodista David Cuesta, de Mírame TV, que sostiene que en 2001 la Tesorería municipal reclamaba de los empresarios González y Plasencia el pago de once millones de pesetas en concepto de diferencia entre lo abonado por la Junta de Compensación y el coste de construcción de la playa (50 millones) para poder restituirles la propiedad del frente marítimo. Los empresarios no contestan a ese requerimiento, del que tuvieron conocimiento el gerente de Urbanismo, José Tomás Martín; el secretario de la Gerencia de Urbanisno, Víctor Reyes, y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Todo ello, naturalmente, bajo el mandato de Miguel Zerolo. Alegar ignorancia no sirve de nada, los papeles son suficientemente reveladores.