Torres espera un fallo del Consejo de Estado a favor de la continuidad de uno de los hoteles de las Dunas de Corralejo

Hotel Riu Palace Tres Islas, en una imagen de archivo

EFE

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confía en que el Consejo de Estado emita en breve una resolución favorable al grupo Riu en el litigio abierto con el Ministerio de Transición Ecológica que pone en cuestión la continuidad del Hotel Tres Islas, enclavado dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura.

Torres ha señalado este viernes, a la espera de conocer oficialmente lo que decide el Consejo de Estado tras haber examinado esta semana la controversia, que el Gobierno canario ya ha activado además el procedimiento que abre el camino a acudir al Tribunal Constitucional en defensa de que las competencias de Costas pertenecen ya la comunidad autónoma y, por lo tanto, le corresponde a este decidir sobre el hotel.

“Tranquilidad”, “calma para los trabajadores”, ha manifestado Torres a los periodistas al ser preguntado sobre el estado del expediente por el que el Ministerio de Transición Ecológica propone declarar la caducidad de la concesión que permite a Riu ocupar los terrenos de dominio público marítimo terrestre sobre los que se levanta el Hotel Tres Islas, lo que podría acabar en su derribo.

El presidente ha subrayado que prefiere ser cauto hasta que reciba la resolución formal del Consejo de Estado, pero también ha adelantado que están recibiendo información que avanza que este órgano consultivo le va responder al Ministerio de Transición Ecológica que su expediente contra el hotel ha superado los plazos legales previstos, por lo que decaería y “dejaría de existir”.

Más allá de que eso ocurra o no, Torres ha recordado que con el otro hotel de Riu en las dunas, el Oliva Beach, sucedió eso mismo, el Gobierno de Canarias ha convocado ya formalmente, como le permite su nuevo estatuto de autonomía, al Ministerio de Política Territorial a una reunión para intentar buscar una salida de común acuerdo al fondo de la cuestión: a quién compete tramitar ese tipo de expedientes.

El Gobierno de Canarias defiende que desde el 2 de enero de 2023 las competencias de Costas son de la comunidad autónoma, también las relativas a expedientes como el abierto contra Riu, pero Transición Ecológica sostiene que en estos últimos le sigue correspondiendo al Estado la última palabra.

Torres ha recalcado que si en esa negociación no se llega a un acuerdo satisfactorio para Canarias, el Gobierno de la comunidad autónoma recurrirá al Tribunal Constitucional, como prevé la ley en estos casos, para que se diriman definitivamente las competencias.

“Pero lo que nos trasladan, y quiero ser cauto hasta tener la respuesta oficial, es que (el Consejo de Estado considera que) el expediente está caducado, que ha sobrepasado el plazo. Y, por lo tanto, lo que propone ese expediente, que es la pérdida de la concesión, queda sin efecto. Si el expediente está caducado, pues no hay expediente”, ha señalado el presidente. 

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