La AN pide 25.000 euros de fianza para ejercer como acusación popular contra Botín
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto una fianza de 25.000 euros a un sindicato y a una asociación para aceptar su personación como acusación popular en la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Según el auto dictado el pasado 15 de noviembre al que tuvo acceso Europa Press, Moreno condiciona la personación del sindicato de funcionarios Manos Limpias y de la Asociación contra la Corrupción Sistémica y en Defensa del Libre Ejercicio de la Acusación Popular al pago de 25.000 euros cada una de ellas.
En este sentido, el juez recuerda que para ejercer la acusación popular -cuando el acusador no es el perjudicado por el presunto delito- “es criterio suficientemente asentado la exigencia de fianza para el ejercicio de la acusación penal”. Contra el auto cabe recurso de reforma.
La asociación y el sindicato se personaron como acusación popular, tras conocer la apertura de la causa contra la familia Botín el pasado mes de junio por las investigaciones derivadas del caso de las cuentas ocultas de HSBC iniciado en mayo de 2010.
Ese mes, la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en el HSBC Private Bank Suisse con fondos por los que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
Cabe recordar que en diciembre de 2007, el Tribunal Supremo archivó el 'caso de las cesiones de crédito' abierto contra Botín y varios directivos del Santander por presuntos delitos fiscales estableciendo la denominada 'doctrina Botín', que impide abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular.
El Tribunal Constitucional está pendiente de resolver el recurso de amparo presentado por la acusación popular, que considera que la sentencia del Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo.
