Administradores de Carcesa ven indicios de culpabilidad de los Ruiz-Mateos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los administradores concursales de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) han apreciado indicios de culpabilidad de la familia Ruiz-Mateos en la insolvencia de la compañía, que fabrica de marcas como Apis y Fruco, al detectar “salidas de efectivo” de esta empresa sin justificación por un importe superior a los 50 millones de euros.

Según informaron a Europa Press en fuentes de la administración concursal, uno de los motivos que llevó a Carcesa a entrar en concurso de acreedores fue la falta de liquidez derivada de la salida de fondos de la empresa.

Entre otras operaciones, se hipotecaron activos de Carcesa con el Banco Santander por valor de 30 millones de euros, de los que casi la mitad, alrededor de 14 millones de euros, fueron transferidos al Banco Etcheverría y posteriormente retirados a través de disposiciones en efectivo.

Los administradores concursales han solicitado a esta entidad detalles acerca de estos movimientos y del destino de los fondos, que fueron autorizados por el administrador de Carcesa, Zoilo Pazos (sobrino del fundador de Nueva Rumasa). Según las mismas fuentes, se llegaron a retirar hasta cuatro millones de euros en un solo día.

Del resto de los 30 millones obtenidos con la hipoteca, 15 millones se destinaron a cancelar un préstamo de Clesa y más de 500.000 euros, a otros gastos.

De este modo, Carcesa soportaba los intereses del préstamo sin beneficiarse de los fondos del contrato, lo mismo que ocurrió posteriormente con la emisión de pagarés corporativos, apuntaron las citadas fuentes. Actualmente, Carcesa tiene alrededor de 17 millones de euros pendientes de pago a los titulares de pagarés.

DESFASE PATRIMONIAL DE 68 MILLONES

El informe concursal refleja que el desfase patrimonial de la compañía ronda los 68 millones de euros, al tener un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros.

Esta situación patrimonial contrasta con la declaración de la familia Ruiz-Mateos al solicitar el concurso, donde constaba un pasivo superior a 100 millones de euros y activos valorados en alrededor de 120 millones de euros. Los gestores de Nueva Rumasa fueron apartados de la gestión por la juez.

“En todas las empresas de Nueva Rumasa hay una característica común de descapitalización y de distorsión del negocio”, señalaron las mismas fuentes, que consideraron que la administración concursal ejercerá la acción social de responsabilidad contra la familia Ruiz-Mateos.

El pasado mes de mayo la empresa pública Extremadura Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, a través de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias, firmaron con la administración concursal de Carcesa un contrato de arrendamiento de gestión con opción a compra, con el fin de evitar la liquidación de la compañía.

Esta iniciativa ha contribuido “mucho” a la viabilidad de Carcesa, según indicaron desde la administración concursal, al tiempo que remarcaron que la empresa “se venderá”, ya sea a los actuales arrendatarios o otras firmas.

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