La CE considera ilegal la 'acción de oro' del Gobierno luso para vetar la oferta de Telefónica
BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea considera “incompatible con la legislación comunitaria” la denominada 'acción de oro' utilizada por el Gobierno luso para vetar la propuesta de Telefónica para hacerse con la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo.
En concreto, Bruselas sostiene que este instrumento supone “una restricción injustificada” a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento, dado que dificulta tanto la inversión directa como a la cartera de inversores.
Por eso, según recuerda en un comunicado la portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Chantal Hughes, la CE lanzó un procedimiento de infracción contra Portugal en 2005 y en enero de 2008 llevó a las autoridades lusas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), al considerar insatisfactoria la respuesta de Lisboa a los requerimientos de Bruselas.
A ello hay que sumar que en diciembre de 2009, el Abogado General del TUE se alineó con la postura de la CE al señalar que el Gobierno portugués, al mantener su 'acción de oro' en Portugal Telecom, no cumplía la normativa comunitaria relativa a la libertad de movimiento de capitales. La opinión del Abogado no prejuzga, no obstante la decisión final del Tribunal.
Bruselas recuerda, por último, que corresponde ahora a los tribunales emitir sentencia, decisión que se espera para el próximo 8 de julio. En ese momento la Comisión Europea “analizará la sentencia del Tribunal y sacará las conclusiones necesarias”, agrega el comunicado.
El Ejecutivo luso ha hecho uso este miércoles de la 'acción de oro', un derecho que le permitiría impedir determinado tipo de operaciones de carácter estratégico, aunque una amplía mayoría de los accionistas de PT han dado el visto bueno a la oferta del grupo español, frente al 26% de los accionistas que han votado en contra.
A pesar de las especulaciones que señalan que Telefónica podría recurrir esta medida adoptada por el Gobierno luso, la compañía presidida por César Alierta no se ha pronunciado al respecto ni se ha manifestado sobre el resultado de la junta.
