El Cabildo de Gran Canaria da el primer paso para saldar la deuda con La Isleta por la extracción de áridos de la cantera Roque Ceniciento
El Cabildo de Gran Canaria ha creado un grupo de trabajo para estudiar qué administración debe cobrar el canon ambiental de la cantera de Roque Ceniciento y quien debe pagar la tasa con el fin de compensar la extracción de áridos de la zona para el desarrollo del Puerto de La Luz y de Las Palmas. El equipo estará compuesto por técnicos de servicios jurídicos, de patrimonio y de medio ambiente de la corporación insular y prevé tener su primera reunión la próxima semana.
Una de las primeras acciones que emprenderá la agrupación, según adelanta el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, será exigir a la Autoridad Portuaria toda la documentación sobre la situación actual de la cantera y de los posibles proyectos futuros de extracción. En esta línea, el periódico Canarias 7 publicó el pasado 27 marzo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado ampliar la plataforma costera de Vegueta para la implantación de la MetroGuagua. Una obra para la que, según el medio, se utilizarían áridos de la cantera de Roque Ceniciento.
La creación del grupo de estudio surge después de que el pasado 22 de febrero el Cabildo insular respaldara con 20 votos a favor una enmienda transaccional, planteada por diferentes grupos tras una propuesta inicial de Podemos, que propone estudiar “quién es la administración competente para el cobro del canon ambiental” y a quién se le deben exigir responsabilidades respecto al pago.
20 años más tarde
En 1999 el Ejecutivo regional modificó el Espacio Natural Protegido de La Isleta, quitándole 97 hectáreas mediante la Ley 11/1999 de 13 de mayo. De esta forma, estas hectáreas quedaron desclasificadas y en ellas se encuentra hoy la cantera de Roque Ceniciento. El cambio tuvo como objetivo encontrar el equilibrio entre la necesidad de velar por la conservación del espacio natural de La Isleta y la importancia de ampliar el Puerto de La Luz y de Las Palmas para el desarrollo económico del Archipiélago. Para paliar el daño medioambiental derivado de esta práctica, el Gobierno impuso el pago el canon ambiental. Sin embargo, 20 años después, no se sabía nada del cobro hasta ahora.
En la sesión plenaria del pasado 22 de febrero, el consejero de Medio Ambiente afirmó que “la ley está mal redactada” porque no aclara a quién habría que cobrar el canon ambiental, si a las concesionarias o a la Autoridad Portuaria, ni cómo sería el procedimiento. Mientras tanto, el consejero de Podemos, Miguel Montero, criticó que se pusiera en duda quién debe pagar ese canon porque la Ley deja “muy clarito” que se abonará por la entidad beneficiaria de la extracción minera, trimestralmente, en “cuantía equivalente a 100 pesetas el metro cúbico de la cantidad de material de cantera basáltica autorizado para extraer en cada período trimestral”, y “por los titulares de las concesiones administrativas”.
El consejero de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, afirmó en la sesión plenaria que la actividad “ya está caducada”, lo que lo hace aún más complicado. Ante esto, Montero respondió que “la cantera sigue vigente” y se sigue sacando material. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que no sabe si ha prescrito o no, pero “es doloroso ver el daño medioambiental que se ha hecho y por cuestiones morales la parte responsable debería pagar lo que la ley estipuló”.
La ausencia de conclusiones claras provocó que el Cabildo se comprometiera a crear un equipo de trabajo que permita disipar cualquier duda y que así, después de dos décadas, se ponga en marcha el cobro del canon.
