La Cámara de Las Palmas pide sensibilidad con las empresas locales

La Cámara de Comercio de Las Palmas solicitó este domingo a la Administración que sea “sensible” a la hora de ponderar la adjudicación de la obra pública a las empresas locales para conseguir que el efecto multiplicador de la inversión se materialice en la economía canaria.

En un comunicado, la Cámara considera que el nuevo Fondo de Inversión Pública dotado de 8.000 millones de euros para la ejecución inmediata de obras locales, con el fin de estimular la economía y el empleo, “debe surtir los efectos que persigue en el terreno de nuestra demarcación”.

Además, confía en que el nuevo plan de reducción de cargas administrativas a las empresas introduzca en breve instrumentos que faciliten el acceso de las pymes a las obra pública.

En el comunicado, la Cámara exige también que se articulen fórmulas concretas que permiten a las empresas canarias tener más posibilidades de participar en los concursos, como el fraccionarlos para que puedan concurrir las pequeñas empresas.

A juicio de la Cámara de Las Palmas, ante el grave proceso de desaceleración económica, es imprescindible que las administraciones públicas mantengan “altos niveles de dinamismo a través de la licitación de obras públicas” y den una mayor participación a las empresas locales.

Según la Cámara de Las Palmas, la actividad de las administraciones públicas podrá salvar la disminución en el consumo de los hogares, por lo que si las empresas canarias pueden ocupar una parte de este mercado conseguirán el soporte financiero suficiente para crecer en competitividad y seguir manteniendo y creando empleo.

Las empresas locales además “han demostrado ser lo suficientemente competitivas para poder participar en la adjudicación de las obras públicas de manera directa”, indica la nota.

La Cámara entiende también que por parte de las empresas, éstas se deben agrupar con la constitución de UTEs para elevar su dimensión y concurrir en mejores condiciones en el mercado.

Por otra parte, critica que las administraciones primen el buen precio en las adjudicaciones de las obras y dejen en segundo plano la oferta técnica, lo que repercute de manera negativa en la calidad de la obra y en los márgenes de rentabilidad de las empresas que las acometen.

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