CiU plantea ahora al Gobierno invertir la 'hucha de las pensiones' en Bolsa
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de CiU en el Senado ha presentado un paquete de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones entre las que propone al Gobierno que presente al Congreso un estudio sobre la “conveniencia” de materializar parte de la inversión del Fondo de Reserva en emisiones realizadas por personas jurídicas privadas, “ya sea de renta fija o variable”, en los próximos años.
En sus propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, CiU recupera su reivindicación de dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación de la conocida como 'hucha de las pensiones', así como la materialización de “parte” del mismo mediante la adquisición de títulos emitidos por las comunidades autónomas.
Todo ello después de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, admitiera que “formalmente” no hay impedimento para que el Fondo invierta en deuda autonómica, como pedía CiU, si recibe el aval parlamentario de la oposición.
El Ejecutivo barajó la idea de invertir el Fondo en deuda privada hace años pero la abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.
Ahora, la propuesta de CiU, grupo parlamentario que fue el mayor apoyo del PSOE en la tramitación de la norma en el Congreso, plantea que el Ejecutivo presente a los grupos un “análisis comparativo” con otros países, contemplando la “necesidad o conveniencia de primar las inversiones socialmente responsables”.
EXTENDER PENSIÓN DE VIUDEDAD A ALGUNOS DIVORCIOS
Otras enmiendas de CiU proponen extender además el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad a la persona divorciada o separada judicialmente, así como permitir la compatibilidad de la pensión de jubilación no contributiva con un trabajo a tiempo parcial, siempre que no se perciba por el mismo más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Además, aboga por permitir la complementariedad de las pensiones no contributivas a través de otras ayudas que puedan establecer las administraciones públicas, ya sean las comunidades autónomas o los entes locales.
