Creada la primera oficina privada de empleo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La primera red de agencias privadas de colocación ha sido creada al amparo de la reciente reforma laboral, que ha permitido poner en marcha una figura que ya existía en Europa y que ahora comienza a funcionar en España.

El director general esta oficina, Santiago Rodríguez, ha destacado el “espectacular” crecimiento de las primeras agencias creadas en diversos países de Europa, que confirman la necesidad de abrir nuevos servicios a un mercado de trabajo “en rápida evolución y cada vez más flexible”.

De hecho, uno de los principales objetivos de la oficina privada de empleo, más allá de complementar los servicios ya existentes, es ser catalizadora de nuevas formas de gestión de los recursos humanos para contribuir a mejorar las condiciones de trabajo.

Según Rodríguez, esta oficina permitirá mejorar “notablemente” el sistema de intermediación laboral entre ofertas y demandas de trabajo de modo que aumenten las oportunidades de empleo y, con ello, las posibilidades de encontrar trabajo.

Además, la incorporación de la iniciativa privada en este sector permitirá “triplicar” la cifra de intermediaciones laborales que se están realizando actualmente“, lo que supondría un ”importante impulso“ al mercado actual y una ”esperanza“ para millones de desempleados. Según Rodríguez, se pasaría del 3% (incidencia en la colocación de los servicios públicos de empleo en 2010) al 10%.

El funcionamiento de la oficina privada de empleo no tiene nada que ver con las antiguas Empresas de Trabajo Temporal (ETT), ya que la principal diferencia es que el trabajador es contratado por la empresa, no por la agencia de empleo.

Las agencias privadas de colocación pueden ser personas físicas o jurídicas, independientes de las autoridades públicas, que prestan diferentes servicios, ya que vinculan oferta y demanda de empleo y ponen a los trabajadores a disposición de terceros u otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo.

Las agencias de colocación autorizadas podrán trabajar “de forma independiente”, mediando directamente entre el trabajador y el empresario o ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, según ha explicado su director general, por lo que ni el empleador ni el parado deben abonar nada por la mediación.

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