La FEHT acusa al Ejecutivo regional de “desdén” hacia el turismo grancanario
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha acusado este jueves de “desdén, falta de empatía y sensibilidad con las necesidades y singularidades del sector turístico de Gran Canaria” al Gobierno regional, que sostiene legisla sin atender a esa isla.
Como ejemplo más reciente de ello cita el decreto que prepara el Ejecutivo para regular el sector del alquiler vacacional, del que la patronal vaticina que prohibirá esa actividad en las zonas turísticas (como en la norma actual) pero no evitará que se siga practicando de forma clandestina, “lo que -concluye- supondrá más economía sumergida, menor recaudación de tasas e impuestos, mayor pobreza, en definitiva”.
Además, argumenta que, de mantenerse dicho precepto, “este nuevo reglamento puede nacer con una tara, y es la de establecer criterios contrarios a lo que ya ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el sentido de que no se puede limitar la implantación de las viviendas vacacionales en la zona turística”.
Por ello, la FEHT expresa su desacuerdo y aboga por regular la actividad “no desde la prohibición, sino desde la igualdad de competencia; que lo haga en parecidas o similares condiciones que el resto del sector alojativo; que pague impuestos y cumpla el convenio de hostelería, normas de seguridad ciudadana, protección del consumidor, etc”.
La organización empresarial destaca, en todo caso, que, a su entender, con este decreto “llueve sobre mojado” en lo que se refiere al trato desfavorable hacia Gran Canaria del que acusa al Gobierno, que, “ en materia turística, desde el 2013, con la Ley de Renovación, y más recientemente en 2017, con la Ley del Suelo, y próximamente con el decreto de vivienda vacacional”, ha legislado “impidiendo el desarrollo de esta isla”.
Y finaliza su escrito, firmado por el presidente de la FEHT, José María Mañaricúa, sentenciando: “Es por todo lo anteriormente relatado, y por la falta de sensibilidad y escucha del Ejecutivo, que solicitamos un cambio de rumbo”.
Cambio que ha de llevar a “que se tengan en cuenta las diferentes realidades y necesidades de las islas a la hora del desarrollo normativo, para una mejor dinamización empresarial y social, una mayor cohesión y mejora de un sentimiento común”.
