IC espera que el paro sea antesala de huelga general
Intersindical Canaria (IC) ha pedido este jueves unidad a todos los sindicatos canarios para que la huelga de funcionarios que tendrá lugar el próximo día 8 de junio sea la antesala de una “inevitable” huelga general de todos los trabajadores canarios, ante la situación de “extrema gravedad social” de las Islas.
El hecho de que sea la comunidad con mayor tasa de paro, que esté a la cola en salarios, a la cabeza en las listas de espera y fracaso escolar, que la inversión per cápita del Estado sea 276 euros inferior a la media o que en torno al 22% de la población esté en el umbral de la pobreza son “razones suficientes” para activar la huelga general en el Archipiélago.
Esto, unido a las medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados para la contención del déficit público, con bajada de sueldos a funcionarios y congelación de pensiones entre otras, así como una reforma laboral que critican “da más poder al empresario y más indefensión a los trabajadores” hacen “inevitable” la convocatoria de paro general.
Ignacio Rodríguez, secretario de Acción Sindical, ha pedido “unión de todas las fuerzas sindicales” para organizar este acto, en especial a CC OO y a UGT, quienes, dice, “van a tener muy difícil explicar” un desmarque. Si se diera el caso, “habría que articular una respuesta alternativa”. “No puede ser que UGT y CC OO sean los que marquen la hoja de ruta”, se quejó.
Funcionarios
Por el momento, el sindicato ha convocado por su parte, después de que lo hicieran UGT y CCOO, una huelga de funcionarios para el día 8 de junio, en contra de las medidas para la contención del déficit público, a la que suman el “decretazo” de la función pública del Gobierno de Canarias sobre las listas de reserva, que consideran un “ERE encubierto para sustituir a unos trabajadores por otros”.
El responsable del sindicato de Administraciones Públicas, Carlos Barrios, asegura que van a estar “muy vigilantes” y “muy en contra” de este decreto“ ya que dice estar preocupado por el hecho de que se pueda cesar a los trabajadores en listas de reserva al ”no superar una evaluación hecha por algún designado a dedo“.
Así, piden la retirada de este proyecto, el “cese de la privatización de los servicios públicos”, el aumento de los presupuestos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, el “cese del acoso a los trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria” y la no congelación de las pensiones.
En cuanto a la situación de la educación, además de quejarse de que en las últimas dos décadas han perdido unos “20 puntos” en capacidad adquisitiva y la “no homologación con el resto de funcionarios de la misma categoría”, según Raúl Morales, responsable del sindicato en esta materia, se le une el hecho de que las políticas educativas “van a hacer de los centros educativos guarderías”. “Se van a convertir en guarderías, esto es, lugares donde los chicos van a estar recogidos un determinado número de horas”, dijo.
