Iberdrola defiende la legalidad de su junta
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Iberdrola asegura que actuó conforme a la legalidad vigente en su última junta de accionistas, en la que sus accionistas votaron en contra de la designación de un consejero de ACS, e insiste en que el conflicto de competencias aducido para impedir la entrada de la constructora es “evidente, nítido y reconocido” por el propio grupo presidido por Florentino Pérez.
Estas consideraciones aparecen recogidas en una nota remitida por Iberdrola en respuesta a la presentación este martes por parte de ACS ante los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao de la demanda de impugnación de los acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola. Desde finales de marzo, la eléctrica ha reiterado que su conflicto de competencias con ACS es “estructural y permanente”.
Iberdrola argumenta que la legislación es “absolutamente clara” en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, que alude a la separación de consejeros y señala expresamente que “los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general”.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda además que el nombramiento del representante de ACS fue anulado con un apoyo del 81,5% de los accionistas, y que el conflicto de interés está acreditado por informes jurídicos de PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados.
“Estos informes y dictámenes”, señala, “evidencian que ambas compañías son competidores reales en numerosos mercados y han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos”. La competencia, indica, es “particularmente intensa” en algunas áreas estratégicas de Iberdrola, y se extiende a la producción de energía.
Por último, la eléctrica, que contará con Uría y Menéndez como asesor en este asunto, dice esperar que ACS acredite que es “accionista agrupado” durante todo el tiempo que dure el proceso de impugnación y que “aglutine el número suficiente de acciones en función del nuevo capital social de la empresa y de la reducción a 14 del número de consejeros, dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo”.
