Jueces para la Democracia ve ''regresiva'' la reforma
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno español “constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores”, además de que la tachan de “ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta”.
Señalan desde JpD que la actual reforma tuvo su “antesala” en la de la anterior legislatura, que “no sólo no ha generado empleo, sino que ha contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida”.
En lo sucesivo, según señala Jueces para la Democracia en un comunicado, “la empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración”. Y del mismo modo, se debilita “el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los sindicatos y a la negociación colectiva”.
La reforma laboral asimismo “refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica” y puede forzar a “muchos” trabajadores a elegir “entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas”.
En los juzgados
Jueces para la Democracia resalta que la nueva regulación “pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad o razonabilidad” del despido, “limitando” la tutela judicial ante el despido y desincentivando “el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales”.
Por último, JpC señala que varios planteamientos de la reforma son contrarios “al derecho constitucional al trabajo que consagra el artículo 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa”.
“Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores”, concluye el comunicado de Jueces para la Democracia, “es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario”.
