La nueva Ley de Puertos acabará con el monopolio de los estibadores
La nueva Ley de Puertos que dejó aprobada por el Consejo de Ministros la destituida ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, permitirá a las Autoridades Portuarias españolas acabar con el monopolio de los estibadores, ejercido a través de las Sociedades de Estiba y Desestiba. Cada puerto podrá fijar sus propios precios y competir con los restantes de la red española.
La nueva norma, que ya ha sido remitida a las Cortes Generales para su tramitación, establece que cada Autoridad Portuaria podrá “autorizar al naviero o armador el manejo de los medios de carga y descarga propios del buque por personal de su tripulación”. El naviero, no obstante, estará obligado a acreditar mediante la presentación de los oportunos certificados de las autoridades competentes, la idoneidad de los medios técnicos empleados y la cualificación del personal que los maneje, particularmente en materia de prevención de riesgos laborales.
Expertos mencionados este martes por el diario económico madrileño Cotizalia, aseguraron que la Ley de Puertos en tramitación permitirá que conviva el actual monopolio de las Sociedades de Estiba y Desestiba con las empresas que se creen para prestar sus servicios, en forma de Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, “estableciendo mecanismos voluntarios de paso o conversión de unas a otras y viceversa”. Para instrumentar esta filosofía, cada Autoridad Portuaria creará un registro de empresas prestadoras de servicios portuarios en los puertos que gestiona, que tendrá carácter público.
La introducción de esta nueva fórmula permitirá a cada puerto español competir con los restantes mediante la fijación de los precios a cobrar por estos servicios. Según el artículo 56 de la norma, “la actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los operadores de servicios en los puertos de interés general”. Esto significa que las tasas dejarán de fijarse como una media del coste de los servicios prestados en el conjunto de los 28 puertos españoles, sino que a partir de la entrada en vigor de la ley, será cada Autoridad Portuaria la que los imponga.
Cada Autoridad Portuaria podrá proponer sus propias cuantías, adaptadas a su realidad específica, aunque con una estructura común. Con ello se pretende superar una de las condiciones que lastraban históricamente el ámbito deseable de competencia interportuaria en España, “permitiendo que los puertos fijen precios distintos por la puesta a disposición de sus infraestructuras, de conformidad con el principio de equivalencia al coste”, informa Cotizalia.
