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UGT pide a Rivero que suspenda la reducción del impuesto de sociedades en la RIC

El sindicato insta al presidente regional a crear, además, una tasa turística para conseguir su objetivo de "que paguen más los que más tienen"

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El comité regional de la UGT en Canarias ha dicho este jueves al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que para que paguen más los que más tienen, suspenda la reducción de hasta el 90% del impuesto de sociedades enclavado en la RIC y que cree una tasa turística.

Esta es la petición que el sindicato ha hecho al presidente canario después de que éste anunciase una próxima "reforma fiscal" basada en la "justicia social" de manera que se garanticen los servicios públicos y "que paguen más los que más tienen

En un comunicado, la UGT lamenta que el presidente canario reconozca "tan tarde" que el peso de la crisis ha recaído en las espalda de las rentas del trabajo y de los que menos tienen.

El sindicato ha anunciado que su comité regional, máximo órgano entre congresos, aprobara una resolución instando al Ejecutivo canario a iniciar una reforma fiscal "justa, progresiva y equitativa, para lo cual, y una vez conocido la propuesta del Gobierno, trasladara por enésima vez la propuesta sindical que esta materia viene defendiendo el sindicato desde el inicio de la crisis".

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias indica que si la voluntad de Paulino Rivero es "firme", el Gobierno regional puede comenzar por solicitar la suspensión de la reducción del 90 por ciento de la base imponible del impuesto de sociedades que "disfrutan las grandes fortunas y las grandes empresas que se benefician fiscalmente del REF a través de la RIC". El sindicato también reclama que se cree una tasa turística en los presupuestos autonómicos de 2015.

El comité regional de UGT Canarias también instará al Gobierno de canario y a todos los grupos políticos de Canarias, a que en la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias se fije un suelo de gasto para las políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), no inferior al 65% de los presupuestos autonómicos anuales, y del 12% del PIB a partir de 2023.

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