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Unesa dice que Industria originó con sus retrasos y sus recomendaciones la multa de Competencia

MADRID

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa de 900.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con argumentos como el de que las actuaciones que se le imputan responden a los retrasos y las recomendaciones del Ministerio de Industria en pleno proceso de liberalización eléctrica.

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Eduardo Montes, Presidente De Unesa

Eduardo Montes, Presidente De Unesa

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa de 900.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con argumentos como el de que las actuaciones que se le imputan responden a los retrasos y las recomendaciones del Ministerio de Industria en pleno proceso de liberalización eléctrica.

Como parte de la multa de 61 millones de euros impuesta a mediados de mes por la CNC a las cinco grandes eléctricas, Unesa recibió una sanción de 900.000 euros debido a que, según Competencia, en su seno se acordó dificultar el acceso a terceros de los cambios de suministrador y la fijación de precios a grandes clientes.

Fuentes de Unesa indicaron que la patronal eléctrica trabaja en la actualidad en su recurso ante la Audiencia, para lo que dispone de tiempo hasta el 13 de julio, y que no descarta pedir medidas cautelares que suspendan temporalmente la sanción, aunque aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

En lo referido al cambio de suministrador, Unesa considera que la suspensión de la entrega a comercializadoras de datos de clientes durante cinco días a mediados de 2009, poco antes de la entrada en vigor de la liberalización, respondió a los retrasos de Industria al publicar las modificaciones normativas para proceder con garantías al traspaso de millones de clientes a las nuevas comercializadoras.

Existe un informe del propio Ministerio que, además de "avalar" la actuación de las empresas, explica que las "importantes modificaciones normativas no se concretaron hasta junio de 2009" y reconoce la posibilidad de un "problema de gestión" relacionado con el "traspaso masivo" a la nueva tarifa de cerca de 24 millones de clientes, señalan las fuentes.

En cuanto a las trabas de las eléctricas al cambio de comercializadora, Unesa entiende que sólo a partir de enero de 2008 hubo una normativa que reconocía con claridad el derecho de terceras empresas a acceder a los datos del clientes, y que su contenido fue recurrido con éxito por las eléctricas ante la Audiencia, lo que provocó un nuevo cambio legal con el texto definitivo.

De esta forma, hasta mediados de 2008, y no en 2007 como dice la CNC, no pudo aplicarse la libre disposición de datos de clientes por parte de terceros. Fue en ese momento cuando, asegura Unesa, las principales eléctricas pusieron a disposición de los nuevos comercializadores los datos de los clientes.

Unesa también lamenta que la CNC haya tomado como base para la multa la decisión de la patronal eléctrica de recurrir ante los tribunales la norma que imponía la cesión masiva de datos, cuando este tipo de acciones jurídicas son "un derecho fundamental".

PACTO DE PRECIOS.

En cuanto al pacto entre las eléctricas de precios de grandes clientes de electricidad en el seno de Unesa, la patronal replica que fue la propia Industria la que propuso en plena liberalización la celebración de reuniones con el objeto de que ningún gran consumidor de electricidad se quede sin suministro eléctrico.

Además, asegura que estas conversaciones versaron sobre asuntos de carácter "general, sin que se fijaran condiciones contractuales concretas, que sólo se podrían fijar en la negociación bilateral entre clientes y comercializadores".

"Las empresas eléctricas simplemente respondieron a una invitación del Ministerio para intentar buscar líneas de entendimiento con Aege (la asociación de grandes consumidores)", y mantuvo "conversaciones que además finalizaron sin consenso alguno, por lo que no se comprende que se afirme acreditada conducta prohibida alguna", señala.

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