Los afectados por el cierre del espacio aéreo reclamarán a AENA por los daños producidos
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Los afectados por el cierre del espacio aéreo reclamarán responsabilidades a AENA por los daños y perjuicios ocasionados por los controladores, después de que el presidente del Gobierno haya reconocido en el Congreso de los Diputados que “desde hace días” se tenía conocimiento de “riesgo”.
En un comunicado, el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que ha sido ya contactado por más de 5.000 afectados, explica que el control del trafico aéreo es un servicio público y que AENA es la entidad que, en la actualidad, es el proveedor de servicios de tránsito aéreo y, por tanto, la última responsable del normal funcionamiento de los mismos.
Los abogados consideran que las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y su “expreso” reconocimiento de la previsibilidad de la situación “no hacen sino confirmar la responsabilidad de la Administración frente a una situación que ha afectado a más de 600.000 personas y a la que tiene que responder, en última instancia, el Estado”.
Por tanto, el bufete prevé presentar las reclamaciones de los usuarios ante AENA por un “supuesto claro” de responsabilidad patrimonial de la Administración pública.
Una vez se presenten las reclamaciones, AENA tendrá un periodo de seis meses para contestar a los afectados. En caso de no hacerlo, la situación se reconocerá como silencio administrativo y los afectados podrán acudir a los tribunales civiles.
Si AENA responde positivamente, ella misma podrá reclamar ante la Justicia que los controladores respondan a las cantidades pedidas por los afectados con su patrimonio. En caso de que el organismo no acepte las reclamaciones, los afectados recurrirán esta negativa ante los tribunales contencioso-administrativos.
QUERELLA CONTRA LOS CONTROLADORES
Paralelamente, el abogado de Cremades & Calvo-Sotelo David Gómez ha señalado a Europa Press que también presentarán una querella en nombre de los afectados ante los juzgados penales contra los controladores por un presunto delito de sedición.
“La querella irá directamente contra aquellos que abandonaron su puesto de trabajo, lo que podría acarrear responsabilidad penal”, apuntó Gómez, que estudia la presentación de esta querella.
El bufete aboga por presentar querellas ante los Juzgados de Primera Instancia de cada provincia afectada y pedir al juez que abra diligencias de investigación para determinar qué controladores no acudieron a las torres de control.
El abogado recuerda que los controladores podrán ser juzgados por los tribunales civiles y penales cuando los hechos se hayan producido antes de la mañana del pasado 4 de diciembre, momento en el que entró en vigor el Real Decreto que militarizó el servicio de transporte aéreo.
En caso de que se juzguen hechos posteriores, si se trata de presuntos delitos de sedición, deberán someterse a la jurisdicción militar. Los delitos de naturaleza civil o penal que no estén relacionados con el caos aéreo y se produzcan durante el estado de alarma no tendrán que ser juzgados por tribunales militares.
