Los ayuntamientos podrán endeudarse a largo plazo para pagar a las empresas

Los ayuntamientos españoles podrán endeudarse a largo plazo para poder hacer frente al pago de las facturas que tienen pendientes con las empresas y autónomos, según un Real Decreto Ley que aprobará este viernes el Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, anunció este jueves la aprobación de esta norma junto con la línea de crédito avalada por el ICO de hasta 3.000 millones de euros para que las empresas puedan pedir a la banca préstamos por las facturas que tienen pendientes de cobrar.

Salgado explicó que a la primera de estas medidas se podrán acoger más de mil ayuntamientos que tuvieron remanentes de tesorería al cierre de 2008, mientras que a la línea del ICO podrán acogerse todas las empresas que tengan facturas sin cobrar y soliciten un préstamo.

En rueda de prensa la vicepresidenta segunda señaló que estas dos actuaciones, que en conjunto pueden suponer una financiación de 14.000 millones, han sido consensuadas con la Federación Española de Municipios y Provincias y cuentan con el apoyo y la “satisfacción” tanto de este organismo como de la Comisión Nacional de Administración Local.

El Real Decreto Ley que aprueba este viernes el Gobierno autoriza a los ayuntamientos y otras entidades locales a endeudarse para financiar el déficit de tesorería que tenga hasta el 31 de diciembre, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos.

Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia, y desde la concertación de la operación las entidades locales tendrán un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.

Además, los ayuntamientos deberán aprobar un plan de saneamiento por idéntico periodo al de la operación financiera y tendrán que dar cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda de los pagos pendientes que finalmente han resuelto gracias a estos créditos.

Según Economía, la norma permite solucionar el problema de deudas impagadas por las entidades locales y al mismo tiempo reconoce el impacto negativo que ha supuesto para los ayuntamientos la evolución de la crisis.

Por otra parte obliga a los consistorios a planificar su reequilibrio financiero al tener que presentar el citado plan de saneamiento.

En cuanto a la línea de crédito para empresas y autónomos con facturas municipales pendientes, el Gobierno ya ha instruido al ICO para la puesta en marcha de esta nueva línea de crédito de 3.000 millones de euros.

La nueva línea establece un tipo de descuento máximo del 5%, cuando lo habitual es el 10%, según Salgado.

El tipo de descuento, en este caso, es el que se otorga cuando una entidad financiera presta a una empresa los cobros que tiene pendientes, de forma que le financia el 95% de esa cantidad y el 5% restante se lo queda como interés.

El préstamo máximo es de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales.

Dentro del Real Decreto se establecen como garantía final ante posibles impagos los ingresos del Estado que reciben las entidades locales.

De esta forma, si un ayuntamiento incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, se podrán retener las cantidades correspondientes de los ingresos que le debía transferir la Administración central.

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