El 40% de las empresas soporta un coste de 6.000 euros por la burocracia
El Informe sobre regulación y competitividad empresarial presentado este lunes por las cámaras de comercio de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife refleja el precio que las sociedades mercantiles pagan por cumplir con los requisitos burocráticos del conjunto de las administraciones públicas. Según las entidades camerales, el 40% de las empresas canarias admiten abonar un mínimo de 6.000 euros al año por este motivo y, de ellas, cerca de un 7% sube la cantidad a más de 30.000 euros anuales.
En el primer semestre del año, las cámaras isleñas realizaron un sondeo a empresas canarias, de las que respondieron 1.025 pymes de todos los sectores. El 38% de las compañías encuestadas considera muy ineficaz y complejo el conjunto de políticas de ayudas públicas existentes, de ahí su descontento a la hora de solicitarlas; frente al 22% que consideran eficaz el sistema.
La existencia de administración local, insular, regional y nacional, aparte de la europea, que afecta a las empresas de una manera más indirecta, motiva desconcierto entre el 37% de las compañías, ya que consideran que el exceso de regulación y la falta de evaluación objetiva de los costes reales que genera su gestión “es otra de las grandes ineficiencias de las administraciones públicas' que afecta a su gestión y frena su crecimiento.
Cuando se les pregunta por las medidas que deben ser aplicadas para reducir sus costes burocráticos, el 87% considera como medida más efectiva la reducción de tasas a pagar por las gestiones públicas y los permisos solicitados. Otra respuesta muy significativa (85%), es la de reducir drásticamente la normativa actual y la burocracia que les afecta de forma directa y, además, exigen (83%% agilidad en las devoluciones de impuestos y, en general, en los pagos que la administración debe realizar a las empresas.
Como consecuencia de la cantidad de entidades públicas, el 80% de las empresas encuestadas considera muy importante la necesidad de evitar la duplicidad a la hora de pedir información. Según el informe cameral, los datos fiscales y empresariales deberían ser gestionados en su conjunto y la existencia de nuevos soportes tecnológicos y la integración en las nuevas redes de colaboración permitirían una gestión mucho más eficaz de la información pública de las empresas.
Mayores perjuicios en la construcción
Por sectores, las empresas del sector de la construcción que, tradicionalmente, es el que más permisos y licencias requiere en el ejercicio de su actividad, resaltan su preocupación por la complejidad del procedimiento administrativo (90% de respuestas) y porque se consideran las más afectadas por el exceso de regulación burocrática. Así, el 88% de las empresas constructoras resaltan que la falta de evaluación objetiva de los costes reales que genera su gestión comporta “una gran ineficiencia por parte de las administraciones públicas que les afecta en su gestión empresarial”.
Las empresas industriales, con un 81%, y las comerciales, con un 79%, de sus respuestas, destacan la ineficacia y complejidad de la política de ayudas públicas. Por su parte, las empresas turísticas resaltan, en un 71% de sus respuestas, como principal ineficacia de las administraciones públicas el exceso de regulación burocrática, mientras que para las empresas de servicios lo más preocupante es la complejidad del procedimiento administrativo (81%).
Por último, el documento de las cámaras destaca el alto coste económico anual de la regulación. Así, las empresas constructoras son las que soportan un mayor gasto por la burocracia existente, mientras que las comerciales son las que presentan datos más favorables en este caso.
