El Estado liberará recursos por 46.000 millones para ayudar a las pymes
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció este lunes que el Gobierno liberará recursos por 46.000 millones para ayudar a las pymes, de los que 17.000 millones corresponden a medidas fiscales y 29.000 millones a instrumentos crediticios y líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Durante una jornada organizada por la Comisión Europea acerca de financiación de pymes, el ministro advirtió de la “asfixia” y “estrangulamiento” crediticios que viven las pymes, y adelantó que el porcentaje de denegación de créditos a pequeñas y medianas empresas se ha triplicado en un mes y ha pasado del 11% al 33%.
“Sigue aumentando el porcentaje de pymes con problemas de financiación”, aseguró Sebastián durante la presentación de la jornada, donde aprovechó para adelantar los resultados de la tercera encuesta de acceso de este tipo de empresas a créditos.
En el estudio se aprecia además que el porcentaje de pymes que aseguran tener problemas de financiación ha pasado del 65% de la primera encuesta, realizada hace un mes, al 88%.
Por otro lado, Sebastián invitó a las pymes españolas a aprovechar las ayudas diseñadas por la Unión Europea para este tipo de sociedades, que incluyen 30.000 millones en créditos entre 2009 y 2011, y 3.600 millones de ayudas del Programa Marco de Competitividad e Innovación.
La liberación de recursos a favor de las pymes españolas forma parte del Plan de Estímulo a la Economía y el Empleo, conocido como Plan E y dotado de otras medidas de apoyo a las pequeñas empresas, como la línea de financiación Enisa, que fomenta la figura del préstamo participativo y que ha elevado un 150% su volumen en un año, hasta 44 millones.
Sebastián explicó además que la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) ha elevado desde el pasado 1 de noviembre en un 50% la cobertura de las operaciones relativas a capital circulante, y ha suscrito un convenio con el Fondo Europeo de Inversiones por el que este organismo se compromete a garantizar con un límite inicial de 920 millones de euros el 35% del riesgo asumido por la entidad española.
