Un limbo legal para 52.000 particulares dedicados al alquiler vacacional
En Canarias hay en la actualidad alrededor de 52.000 particulares dedicados al alquiler vacacional que se encuentran en un limbo legal. Este hecho ha propiciado que durante los últimos meses el Gobierno canario haya impuesto multas que en algunos casos llegan a los 30.000 euros.
Por ello, los dueños de estos casas piden que se regularice su actividad al considerar que el tipo de turista que se aloja en sus establecimientos buscaría nuevos destinos si no dispusiera de esta oferta. “Pedimos al Gobierno de Canarias que regule el alquiler vacacional a través de registros en ayuntamientos y que deje de perseguirnos y multarnos”, se indica en una petición de firma recogida por parte del colectivo change.org.
La modalidad del alquiler vacacional existe en Canarias desde hace más de tres décadas. Se trata de personas privadas que alquilan a otras de todo el mundo propiedades a través de contratos de rentas por temporada de uso distinto al de vivienda habitual.
En estos alquileres se incluyen también, por ejemplo, los de corta temporada por traslado entre islas para trabajar o estudiar. Durante este tiempo se han puesto en marcha ya un total de 52.000 alquileres de este tipo den toda Canarias, familias que ahora dependen de estos ingresos.
“La situación es insostenible”
“Aunque tanto la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 como la de 1994 nos ampara, y sólo insta a las comunidades autónomas a regular este tipo de alquileres, la realidad es que el Gobierno de Canarias no regula el alquiler vacacional, pero sí persigue a los propietarios y los multa con importes indecentes de hasta 30.000 euros”, se indica desde el colectivo de afectados. “La situación es insostenible, muchas personas no tenemos otra fuente de ingresos y vivimos con miedo a ser multados”, se señala en otro momento, en la petición de firma.
“No somos intrusos ya que ofrecemos en gran parte nuestras viviendas donde no llega el turismo convencional. Tampoco suponemos ninguna competencia para los hoteleros lo que queda demostrado con los buenos resultados de ocupación que se siguen registrando en las islas y además, este tipo de persona no se alojaría en hoteles”, apuntan.
Este colectivo indica que se dedican a un tipo de turismo muy cercano a los inquilinos, “por los que nos desvivimos, lo que garantiza que seguiremos teniendo ingresos y pagamos nuestros impuestos”, señalan. La situación real en Canarias en estos momentos es que hay miles de familias que viven directamente del alquiler vacacional, pero esta práctica también se está convirtiendo cada vez más en el motor de desarrollo de muchos pueblos, como ocurre en Anaga en el norte de Tenerife o en varios caseríos de La Gomera.
Esas personas que se alojan en este tipo de casas también alquilan coches, comen en bares y restaurantes y compran en tiendas. “Es una forma de viajar ecológica y sostenible y no representa nuevas plazas alojativas, puesto que ya existimos desde hace años”. El problema es que desde hace unos meses el Gobierno canario los localiza a través de las páginas web en las que se dan a conocer y a partir de aquí les impone cuantiosas multas tras haber realizado la pertinente inspección y les obliga a dejar de anunciarse en la red.
