Un error obliga a anular liquidaciones por IVA de más de 5.000 millones
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que un error de la Agencia Tributaria ha provocado que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) haya declarado nulas las liquidaciones de IVA correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 (no prescritos), así como las liquidaciones de años anteriores que estén recurridas y pendientes de sentencias firmes. Estas liquidaciones alcanzan un importe total de 5.100 millones.
Según el colectivo, la resolución del TEAC, que afecta a cerca de 480.000 expedientes, viene motivada por un error en el sistema de trabajo de la Agencia Tributaria, que ha considerado el año natural como período de liquidación de IVA cuando la Ley sólo contempla períodos trimestrales o mensuales.
Por este motivo, el TEAC ha declarado nulas todas las liquidaciones provisionales de Gestión Tributaria y las actas de inspección cursadas con el año natural como período de liquidación de IVA, al ver “inadmisible” esta práctica.
Según el colectivo, el importe afectado por la nulidad se desglosa en 3.500 millones relativos a las liquidaciones a ingresar, así como de la reducción de las devoluciones y compensaciones; y en 1.600 millones de la nulidad de los expedientes sancionadores asociados a estas liquidaciones.
Como consecuencia de esta anomalía, Gestha afirma que la Agencia Tributaria deberá anular de oficio los expedientes “viciados”, devolver las sanciones y los importes liquidados y, en su caso, retomar las comprobaciones conforme al criterio legal trimestral o mensual.
En este sentido, el colectivo considera esta circunstancia “difícil de llevar a cabo”, ya que la actual distribución de competencias de la Agencia Tributaria concentra la firma de los expedientes en muy pocas personas, y será “muy complicado” comprobar el año 2009 y rehacer todas las liquidaciones de años anteriores antes de que prescriban.
Además, los técnicos afirman que la tramitación de la comprobación del IVA del ejercicio 2009 ha sido paralizada por la Agencia a la espera de modificar los programas informáticos adaptándolos al criterio establecido por el Tribunal Económico-Administrativo.
Según Gestha, la sentencia de este Tribunal respalda las denuncias que el colectivo viene haciendo desde hace años a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda sobre los riesgos de mantener “criterios incorrectos y anomalías” en la atribución de competencias que aquejan a la Agencia Tributaria.
MÁS ANOMALÍAS DE LA AGENCIA.
En este sentido, Gestha denunció que, a finales de 2007, la Agencia suprimió el cargo de jefe de sección en el área de Gestión, que tiene la competencia para iniciar y tramitar los expedientes sancionadores, situación que, a su parecer, se subsanó parcialmente con una nueva habilitación tras un año de continuas alertas por parte del colectivo.
Hasta que fue corregida la irregularidad, se tramitaron cerca de un millón de sanciones -por un importe de 227 millones de euros- que pueden ser declaradas nulas por haberse iniciado y tramitado por órganos no competentes, sin que hasta la fecha la Agencia Tributaria se haya puesto en contacto con los contribuyentes afectados ni haya iniciado actuaciones de oficio para corregir esta anomalía.
Además, Gestha asegura que, en ese mismo año, se produjo una reestructuración de personal de las unidades de verificación y control, unidades de control de exportadores (devoluciones mensuales de IVA) y unidades de control de no residentes, que pasaron a un área general que carece de las competencias para realizar las actuaciones encomendadas.
OTROS 1.400 MILLONES PUEDEN DECLARARSE NULOS.
Sin embargo, a estos funcionarios se les exige que sigan realizando las actuaciones que desarrollaban en aquellas unidades, que tienen que ser firmadas ahora por el superior jerárquico para evitar su anulación. Según Gestha, estas actuaciones se firman “a ciegas” ante la imposibilidad de revisar los “cientos de miles de expedientes”.
Según los Técnicos, mediante esta “forma irregular de trabajar”, se están tramitando alrededor de 400.000 expedientes por un importe estimado de 1.400 millones de euros, pudiendo ser declarados nulos por falta de competencia legal de los funcionarios que los han iniciado y tramitado.
