Los puertos tinerfeños han perdido más de 400 empleados en los últimos 18 meses
Los puertos tinerfeños han perdido más de 400 empleos en tan sólo 18 meses y las pérdidas del sector alcanzan los 50 millones, según los datos aportados por la Asociación de Concesionarios y Usuarios de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife (ACUP) a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.
Durante una reunión de trabajo, el presidente de ACUP, Pedro Samblás Rodríguez, pidió al titular de la Cámara de Comercio tinerfeña, Ignación González, la mediación de esta institución ante la Autoridad Portuaria y los distintos grupos parlamentarios para que “se corrija una situación que, de continuar, va a desembocar en un auténtico levantamiento del sector”.
De hecho, en el orden del día de la próxima asamblea que va a celebrar ACUP se está barajando incluir una convocatoria de paro empresarial para el próximo 15 de enero, informa la Cámara de Comercio en un comunicado.
Consideran que es fundamental la mediación de la Cámara de cara a crear un frente común ante Madrid para que en la Ley 48/2003 de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General se contemple un trato preferencial para los puertos canarios por su condición ultraperiférica.
Los concesionarios y usuarios del Puerto piden que las obras de infraestructuras portuarias de acceso general corran a cargo de los presupuestos del Estado y “no se nos siga agobiando con una presión impositiva que está hundiendo la actividad económica del Puerto”, comenta Samblás Rodríguez.
En estos momentos, las tasas portuarias que están pagando los empresarios concesionarios del Puerto de Santa Cruz de Tenerife son el doble de la media nacional, según detalló. Además, explicó que un gran porcentaje del presupuesto de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, cercano a un 20%, lo soportan los concesionarios, cuando de media en el conjunto de España, la contribución de los empresarios es sensiblemente inferior (17%) a las cuentas del organismo público.
El precio del suelo, ''otro de los caballos de batalla''
Asimismo, indicó que el descontento del empresariado de la provincia es tal que, en la actualidad, hay más de 120 contenciosos-administrativos presentados en contra del modelo actual de financiación de los puertos.
El precio del suelo “es otro de los caballos de batalla”, indicó el presidente de ACUP, quien precisó que en el Puerto de Las Palmas se está pagando al año por el derecho de uso de una nave de 400 metros, cerca de 4.000 euros, mientras que en Tenerife esta misma infraestructura cuesta 10 veces más, unos 40.000 euros por ejercicio.
Samblás Rodríguez manifestó que es “imposible competir” y explicó que desde el 2007 se viene “ asistiendo a un goteo de cierres, despidos de trabajadores y caída vertiginosa de la actividad empresarial”. “Las instalaciones de frío y de reparaciones navales han desparecido de nuestro Puerto”, informó.
Reformar la ley para resolver el problema de las tasas portuarias
También recordó que en estos momentos, el Gobierno central está elaborando el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Puertos de 2003, un nuevo texto legal que debe estar aprobado antes del próximo 31 de diciembre. La reforma debe resolver la rigidez y el problema que ha supuesto la introducción de las tasas portuarias.
De hecho, casi todos los puertos han reclamado al ente público que la reforma permita a las autoridades portuarias disponer de mayor autonomía a la hora de fijar sus precios y de negociar con las navieras y los cargadores, explicó.
Sin embargo, la ACUP “quiere ir mucho más allá”, por lo que en sus reivindicaciones urgentes que plantea está lograr que en la modificación de la Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General se recojan las singularidades de los puertos canarios, con condiciones especiales que permita desarrollar de manera eficiente la actividad empresarial.
Esta Ley considera que los puertos de interés general en las Islas occidentales son los de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y el de La Estaca de El Hierro, así como el de Granadilla cuando esté habilitado).
Según el vicepresidente de ACUP, las empresas concesionarias se están viendo perjudicadas por una legislación estatal portuaria que no contempla sus singularidades, “lo que nos lleva a asumir incrementos de costes, reducir nuestra posición competitiva con el resto de productores y comercializadores de las regiones continentales”.
Victoriano apuesta por que las las infraestructuras sean costeadas por los PGE
El presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara manifestó que para que los puertos canarios “sean competitivos en su entorno geográfico y puedan mantenerse como motor de la actividad económica de cada Isla deben mantener unas tasas que estimulen su actividad empresarial”.
Vicente Victoriano apoya “rotundamente” que las infraestructuras de los puertos canarios sean costeadas por los presupuestos generales del Estado, porque, de otra manera, “la presión que existe sobre las Autoridades Portuarias recae directamente sobre los empresarios usuarios que se ven castigados con una presión fiscal desorbitada e inasumible”, dijo.
El presidente de Transportes de la Cámara adelantó a ACUP que en la próxima reunión de la Comisión se va a tratar monográficamente el impacto de la directiva europea que obliga al estado Español a eliminar las subvenciones a las tasas sobre pasaje y mercancías provenientes del continente a los puertos canarios, porque esto va a suponer “una medida catastrófica para la actividad empresarial del Archipiélago”.
El presidente de la Cámara, Ignacio González, destacó la importancia de los puertos canarios como “ejes de mayor valor estratégico” de la economía de las Islas y se mostró convencido de que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife va a ser sensible con las reivindicaciones del sector.
Asimismo, se comprometió a trasladar esta problemática al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, del que forma parte la Cámara de Comercio, en la próxima reunión que celebre el organismo público. También esperó que Puertos del Estado explique a las empresas la situación en la que se encuentra el proyecto. “Como parte integrante del sistema portuario deberíamos saber en qué términos se va a desarrollar la nueva Ley de Puertos”, apuntó.
