El sector del tomate lucha por mantener el cultivo en las Islas
La sede de la Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto) acogió este martes la constitución de una comisión de crisis cuyo objetivo principal será apoyar las propuestas del Plan Estratégico del sector que permiten garantizar la continuidad del cultivo y el importante papel socioeconómico y laboral que juega en Canarias, dado que 27.000 empleos de las Islas están ligados a esta actividad.
El documento por el que se crea la comisión fue suscrito por los alcaldes de los municipios del Sur y Noroeste de Tenerife en un acto que estuvo presidido por los representantes de Aceto. El concejal de Agricultura de Granadilla de Abona, Antonio Cabrera, destacó los numerosos problemas a los que se enfrenta el tomate canario de exportación y recordó que estas dificultades son anteriores a la actual situación económica, de tal forma que se habrían dado igualmente aunque no existiese crisis.
Cabrera indicó que la comisión se encargará de coordinar aspectos sobre los problemas del subsector, con el fin de trabajar especialmente sobre la importancia de que se desarrollen las negociaciones necesarias con las organizaciones políticas y entidades financieras para contar con su apoyo. Asimismo, los productores no descartan convocar movilizaciones ciudadanas si las negociaciones que se realicen no dan resultado, extremo al que, no obstante, preferirían no llegar.
“Éste no es un problema del sector, sino de toda la sociedad, porque la agricultura se está abandonando y cada vez se importa más”, dijo el concejal de Granadilla, quien explicó que en función del resultado de las negociaciones que están teniendo lugar se concretarán las medidas de presión a ejercer, siempre de forma coordinada con la comisión de crisis constituida en Gran Canaria.
Por su parte, el gerente de Aceto, Domingo Mendoza, hizo hincapié en que las cuentas de los productores se ven afectadas del orden de 164 millones de euros y recalcó que una amenaza más a la subsistencia del cultivo está en las enfermedades y plagas, a lo que se suman los problemas del transporte ?consideran que faltan subvenciones en la medida en que serían necesarias- y la difícil competencia con los bajos costes de países cercanos como Marruecos.
“Las estructuras productivas no pueden modernizarse porque no hay capacidad económica ni para la nómina de los trabajadores”, expresó Mendoza, quien insistió en la necesidad de que se modifique el Real Decreto de 2000 para que los tomateros puedan recibir una “inyección financiera” que consideran imprescindible. Según dijo, la “clave” está ahora en la financiación de la deuda a plazos más largos, después de que se haya llegado a una situación “grave” de endeudamiento debido a la progresiva disminución de la producción en las últimas campañas como consecuencia de los virus, los temporales y los precios a la baja de otros países.
Reivindicaciones
El gerente de Aceto recordó que el tomate de exportación aporta más del 15% del valor total de la producción agrícola del Archipiélago, a la vez que destacó que está a punto de culminar el proceso de liberalización del mercado europeo para las producciones agrícolas del Norte de África, lo que perjudica también a Canarias. “Como consecuencia de todo esto, las empresas se están encontrando con dificultades para hacer frente a los pagos inmediatos de jornales y proveedores, a la vez que se ven incapaces de afrontar la renovación de los invernaderos para que sean más productivos”, expuso.
Dentro de las principales reivindicaciones del sector, que se verán apoyadas por la comisión de crisis, figuran soluciones para dar liquidez a las empresas para que puedan atender sus costes corrientes y refinanciación de la deuda actual de 164 millones de euros mediante tipos de interés más bajos, líneas de financiación específicas y apoyo garante de la Administración.
El sector insta también al pago urgente por el Estado de la subvención al transporte de 2007 y 2008, cuya norma reguladora ya ha aprobado la Comisión Europea. Pide asimismo el respaldo de los gobiernos canario y central para la aplicación del Plan Estratégico una vez sea aprobado en Europa, además de controles estrictos de la Administración para impedir nuevas plagas en las Islas como la 'Tuta absoluta'.
Los tomateros solicitan la suspensión del pago del IBI rústico para los agricultores y empresas productoras de tomate hasta que se apliquen las medidas del Plan Estratégico que se está negociando en Bruselas, y también la suspensión temporal de las deudas con la Seguridad Social por la cotización de los trabajadores del sector hasta la entrada en vigor del documento.
