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Endesa detectó en 2015 en Canarias 5.000 fraudes eléctricos, un 40 % más

En total han sido un total de 35 millones de kilovatios/hora, equivalente a algo más de lo que consume la comarca del sureste de Gran Canaria -Agüimes, Ingenio y Santa Lucía- en un mes

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Un técnico de Endesa revisando unos contadores eléctricos

Un técnico de Endesa revisando unos contadores eléctricos Cedida

Endesa detectó el pasado año en Canarias más de 5.000 casos de fraude eléctrico, que sumaron un total de 35 millones de kilovatios/hora (kWh) de energía consumida de forma fraudulenta, el equivalente a algo más de lo que consume la comarca del sureste de Gran Canaria -Agüimes, Ingenio y Santa Lucía- en un mes.

El fraude, además, ha ido incrementándose y en 2015 supuso un 40% más que lo detectado en las islas el año 2014.

En el conjunto de toda su área de influencia en España, Endesa ha sacado a la luz más de 83.522 casos de fraude en 2015, lo que supone casi un 25% más que en 2014, recuperando 600 millones de kWh.

Estas cifras serán superadas ampliamente en 2016, a la vista de los resultados registrados hasta el momento, según ha estimado hoy la compañía en un comunicado.

El 80% del fraude eléctrico detectado fue causado en España en el año 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios. Del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos, destaca.

Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores.

El impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.

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