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"Vamos a estar atados a un contrato a medio plazo, como lo están regasificadoras que han sido un absoluto fracaso"

El consejero de Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García, lamenta que Canarias sufre una situación de "monopolio energético, con una empresa a la que le da igual quemar petróleo, quemar gas o quemar Chanel número 5"

"El responsable de coartar el desarrollo en estos momentos de las energías renovables, no solamente en Canarias, sino en España, es el señor Soria", denuncia

"Creemos que a lo mejor hace 20 años el gas sí que suponía una transición entre las energías fósiles y las renovables, pero hoy en día la situación ha cambiado"

García considera que ha habido “una intención consciente de mutilar el desarrollo de las energías renovables en Canarias”

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El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García. (Foto: Alejandro Ramos).

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García. (Foto: Alejandro Ramos).

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García, ha advertido que, de llegar a construiste una regasificadora en la isla, la empresa que se encargara del suministro cerraría un contrato a medio plazo y, por lo tanto, “vamos a estar atados a ella, como lo están centrales que han resultado ser un absoluto fracaso”.

En referencia a dicho fracaso, García señala como ejemplos una serie de plantas ubicadas en Gijón y en el Mediterráneo que están prácticamente cerradas y a las que no les queda más remedio que seguir con la producción, pese a no conseguir vender la energía, porque “no les queda otro remedio, ya que se ha firmado un contrato con los suministradores”.

Asimismo, hace referencia a una serie de informes del Ministerio de Energía que denotan otros casos en que “lo que se hace es revender el gas. Es decir, llega a la regasficadora y se lo vuelven a llevar y se revende en otro sitio”.

El consejero remarca, además, que el precio del gas se encuentra “indexado” al del petróleo y denuncia que “al final nos encontramos aquí con una situación de monopolio energético, con una empresa a la que le da igual quemar petróleo, quemar gas o quemar Chanel número 5”. El motivo lo tiene claro: “el Estado les va a seguir pagando la subvención religiosamente, que por cierto pagan todos los españoles en su factura eléctrica”.

A García le sorprende que poco después de que el consejero regional de Economía, Industria, Energía y Conocimiento, Pedro Ortega, hablara de la introducción del gas en el Archipiélago, se produjera una “cumbre” Canarias-Estado entre el presidente de las Islas, Fernando Clavijo, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cuyo “tema estrella, parece ser que fundamental para Canarias, fuera la construcción de las dos regasificadoras”.

Respecto a las declaraciones del ministro, quien advirtió recientemente al Cabildo grancanario sobre su responsabilidad si la inversión de 300 millones de euros prevista para la regasificadora de Arinaga no llega a producirse, García responde que “el responsable de coartar el desarrollo en estos momentos de las energías renovables, no solamente en Canarias, sino en España, es el señor Soria”.

Una gestión, señala, con carácter retroactivo que ha derivado en que se genere inseguridad jurídica en el sector y cuyo discurso liberal ha supuesto, contradictoriamente, la imposición de una serie de impuestos al autoconsumo.

“No se entiende que una persona con un discurso de carácter liberal, que lo que viene a decir es que la intervención del Estado debe ser la mínima posible, establezca después políticas energéticas intervencionistas para favorecer a las grandes compañías energéticas de este país”, manifiesta.

García afirma que el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, conformado por Nueva Canarias (NC), El Partido Socialista (PSOE) y Podemos, se opondrá a la introducción del gas, porque “creemos que a lo mejor hace 20 años sí que suponía una transición entre las energías fósiles y las renovables, pero hoy en día la situación ha cambiado”.

“Lo que no ha cambiado son los intereses económicos de ciertas empresas que no están interesadas en que se desarrollen las renovables en Canarias”, que según recuerda tienen un porcentaje de penetración de tan solo el 5% debido a una política energética que “desde nuestro punto de vista ha sido absolutamente chapucera, porque los diferentes planes energéticos de Canarias en ningún momento se han cumplido”.

De hecho, García considera que ha habido “una intención consciente de mutilar el desarrollo de las energías renovables en Canarias”.

Necesidad de que Endesa renueve los equipos

El consejero es consciente de que la penetración del 100% de las renovables en la red eléctrica es improbable, sin embargo, hace referencia a una serie de estudios guardados en los cajones de la Consejería regional de Industria elaborados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que abordan la posibilidad de que el abastecimiento de energías limpias alcance hasta el 60%.

Para que eso se pudiera llevar a cabo, indica que la compañía Endesa tendría que cambiar la manera en la que genera la electricidad – mediante centrales de ciclo combinado- y utilizar equipos de menores dimensiones que se pudieran apagar y encender sin excesivo coste en los momentos en los que la demanda lo requiera.

Asimismo, hace referencia a las nuevas tecnologías que permiten una mayor eficiencia energética y fomentan el autoconsumo, como las Baterías de Tesla o los enchufes inteligentes que se utilizan en Singapur y cuestiona los motivos por los que las administraciones han traído a especialistas en la materia para dar conferencias en las Islas, pero “hasta ahora no se han dado pasos serios” para conseguir el objetivo que promulgan.

Límite a la actuación

El consejero es consciente de que el margen de actuación legal del Cabildo para evitar la instalación de una planta regasificadora en Arinaga es reducido, ya que las competencias las mantienen la Administración central y la regional, aunque confía en la premisa de que “ningún gobierno responsable debe intentar instalarla teniendo en contra al Ayuntamiento y al Cabildo”.

Si se planteara la situación, no descarta tanto la adopción de las medidas legales oportunas, como la movilización social.

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