La excepción canaria del impuesto al sol no oculta la inseguridad jurídica del Decreto de autoconsumo

El Consejo de Ministros dio luz verde la semana pasada al Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria, en el que Canarias cuenta con un trato diferenciado que no ha logrado convencer al sector. Aunque existen posiciones que muestran más matices que contrastes, lo cierto es que cuando se pregunta si el Decreto resulta beneficioso para el Archipiélago, la respuesta se aleja bastante de un rotundo sí.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) recuerdan a Canarias Ahora que los primeros borradores de la norma eran “mucho más duros” y puntualizan que, aunque el Archipiélago se vea ligeramente beneficiado por encontrarse exento del conocido como impuesto al sol, sí que tendrá que abonar el cargo por la potencia instalada.

Un cargo que sólo se aplica si la instalación cuenta con baterías que permitan reducir la potencia contratada con la compañía eléctrica o si el pico de consumo supera dicha potencia contratada. A esto hay que añadir costes como el déficit eléctrico acumulado, entre otros.

Las islas tampoco se libran de prohibiciones como la impuesta al autoconsumo compartido. Es decir, que las comunidades de vecinos o empresas de un mismo polígono industrial no podrán compartir una instalación renovable destinada al consumo individual.

Sobre el futuro de este tipo de energías en Canarias, la UNEF se muestra optimista, porque considera que partiendo del “peor escenario posible” y ante el anuncio de la oposición en el Congreso de derogar la norma tras las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, la situación “solo puede mejorar”.

A su juicio, en las islas existe “bastante” seguridad jurídica. Algo que no comparte el miembro de la Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético Antonio Cabrera, quien se muestra tajante al afirmar que “aquí se va a pagar un poco menos, pero la medida es transitoria y, por lo tanto, revisable”. Es decir: no sabe cuánto tiempo va a permanecer vigente o si cambiará su contenido.

“Una persona, cuando va a hacer una inversión para poner unos paneles en su casa, hace una valoración de los costes y del tiempo que va a tardar en recuperar esa inversión. Si de antemano sabe que la medida se va a revisar y es transitoria, crea inseguridad jurídica desde el punto de vista del inversor”, explica.

Cabrera considera que el Gobierno se ha hecho un lavado de imagen, de cara a los sistemas extrapeninsulares, sin lograr convencer al sector. En ese sentido se pronuncia el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez, quien secunda la inseguridad jurídica que produce el Decreto y manifiesta que el mismo “no nos gusta, aunque Canarias está exenta de pagar el peaje al sol y eso nos marca una diferencia respecto al territorio nacional”.

Rodríguez advierte de lo “tediosa”  - y en ocasiones ininteligible - que resulta la redacción de la normativa para cualquier ciudadano que no sea un especialista en la materia y considera que la norma consolida que el autoconsumo se haga cargo de una serie de peajes que no se corresponden con la realidad. A pesar de las ventajas canarias, “nos parece que la redacción de la norma no es adecuada para el fomento del autoconsumo en España”.

“No vamos a instalar en nuestra casa una central nuclear que necesite de estos trámites administrativos tan tediosos y complicados”, manifiesta.

Más movimiento, pero sin tirón

El presidente de ACER confía en que la ventaja canaria, por la que recuerda que el sector y el Gobierno regional mantuvieron una lucha constante con el Ministerio, derive en que el autoconsumo se “mueva más” en las islas, pero “entre las cargas burocráticas y administrativas y algunos aspectos del mismo que no son muy claros, no va a tener el tirón que esperaríamos, será seguramente más lento”.

Por otro lado, advierte que el texto no deja claro si la excepción de las islas será permanente, ya que “se habla de que una vez el sistema reduzca costes y en Canarias sea de esa manera, nos veríamos afectados en un futuro por ese impuesto, que consideramos que no debería de existir”.

Eso sí, los usuarios y empresas que tengan ya instalados paneles en sus domicilios deberán adaptarse a la medida, bajo amenaza de ser sancionados con hasta 60 millones de euros. “Una liberación de materiales radioactivos genera una sanción de 30 millones”, asevera Rodríguez. “Esto demuestra que el autoconsumo lo quieren regular excesivamente con objetivos que no son el fomento”, lamenta.

Pese a lo anterior,  asegura que “queremos montar cosas y no queremos dar miedo a la gente y paralizar el sector de verdad y equivocadamente”. Al respecto, afirma que existen empresarios jóvenes “y no tanto” a los que la singularidad de las islas les permitirá desarrollar proyectos.

Un balance neto frente a “regalar” lo vertido a la red

Tanto Rodríguez, como Cabrera, abogan por la inclusión del balance neto, entre la electricidad volcada a la red por un sistema privado y la consumida por la misma vivienda.  Éste último recuerda que el “restrictivo” Decreto impulsado por Soria no se aplica en ningún otro país y su puesta en marcha supone un retardo a la transición a un nuevo modelo energético.

Con la vigente normativa, las personas “regalarán” los excedentes que viertan a la red eléctrica. Sin embargo, con un sistema de balance neto, la inversión hecha por un usuario en la instalación renovable se recuperaría en unos siete u ocho años, mientras que en la actualidad ese tiempo se duplica.

Para Cabrera, lo más lógico sería pagar por la red en los casos en los que el usuario tenga la necesidad de utilizarla, y no hacerlo cuando haya podido autoabastecerse. El problema, puntualiza, se encuentra en el propio sistema eléctrico, que “es incapaz de integrar las políticas de ahorro y eficiencia energética”, porque está basado en un incremento permanente de la demanda.

Esto significa que el sistema deja de ingresar la parte proporcional de todo lo que produzcan las renovables de un usuario. “Si la gente ahorra o produce su electricidad, el sistema contabiliza los mismos gastos, pero tiene menos ingresos. Por lo tanto, el sistema lo interpreta como un déficit. Ese el el motivo de todas las pegas que le quieren poner al autoconsumo”, mantiene.

Cabrera hace hincapié en los intereses del sector y explica que “si llego a producir en mi casa hasta el 100%, puedo prescindir de las eléctricas, lo que derrumbaría el negocio de estas compañías, que es enorme. Por lo tanto, no quieren darle facilidades al ciudadano para que sea autónomo energéticamente”.

A pesar de las trabas que se quieran poner, Cabrera asegura que el cambio de modelo energético hacia un sistema basado en las renovables de generación distribuida “es ya imparable”.

Preguntado por si la nueva normativa podría derivar en que empresas y usuarios terminen por desconectarse de la red, Rodríguez no descarta que pudiera pasar. “Si pones las cosas muy difíciles y complicadas, la gente busca otros caminos”, lo que a su juicio sería un error.